La contralora Yesmín Valdivieso emitó el martes, una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce relacionadas con las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela, según Valdivieso, supuesto favoritismo por parte de la compradora del Municipio hacia un proveedor en particular. Del 2009 al 2012 se realizaron 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar.
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“Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas C.O.D (“Cash on Delivery”) en frases como: Se exige pago C.O.D., Cash Pago C.O.D. o Requiere Pago C.O.D. Un examinador de documentos (perito) del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas”, detalló Valdivieso en comunicación escrita.
Explicó que esta situación se refirió a la secretaria de Justicia y a la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de mayo. Al respecto se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado y en la Ley 1-2012 de la Ley de Ética Gubernamental.
La auditoría de un hallazgo señala que las cotizaciones eran suministradas por los mismos ciudadanos que acudían a solicitar ayuda al Departamento de Servicios al Ciudadano. Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de C.O.D. y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio.
Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores, no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.
Este Informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y es el sexto y último informe de las auditorías realizadas al Municipio de Ponce. Todos están disponibles en www.ocpr.gov.pr.
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“Mi administración es una de transparencia y aquel que incumpla será responsable y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”, dijo por su parte, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri.
Ésta aseguró que desde que advino en conocimiento, el Municipio Autónomo de Ponce tomó las medidas correctivas correspondientes, incluyendo, entre otras, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto. Asimismo, confirmó que previamente cursó comunicación escrita al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor.
El informe, que envuelve acciones que se remontan al comienzo de la administración Meléndez Altieri, alega que existieron irregularidades en la evaluación y adjudicación de cotizaciones para la adquisición de muebles y enseres electrodomésticos como parte de un programa de donativos de la Oficina de Servicios al Ciudadano, tras las funciones conflictivas realizadas por una empleada municipal en el que estableció un esquema de falsificación de información para beneficiar a un proveedor en la compra de dichos bienes muebles.
El Municipio aclara que, no obstante lo anterior, y aun cuando no se tenía conocimiento de los señalamientos, desde noviembre de 2015 la empleada señalada como Oficial de Compras, y de quien se hace referencia en este señalamiento, había sido trasladada a otra unidad en el Municipio de Ponce, por lo que no realizaba las labores objeto de señalamiento.
“Es importante recordar también que el 3 de marzo de 2017 la Legislatura Municipal aprobó la Ordenanza 23 que declaraba emergencia fiscal dejando congeladas todas las partidas asignadas para donativos”, sostuvo la alcaldesa.
Meléndez Altieri explicó que en septiembre de 2017 el Municipio de Ponce completó el proceso de centralizar sus compras en una sola unidad (Oficina de Compras), de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, Sección 2 del Reglamento para la Administración Municipal, reforzando así los controles internos relacionados a las operaciones de compras. Entre otras funciones, dicha unidad se encarga de verificar la autenticidad de los documentos en la adjudicación de las mismas.
“Nos reiteramos que siempre estaremos en la disposición de cooperar con la Oficina del Contralor y al Departamento de Justicia y cualquier agencia concerniente para promover y procurar la sana administración pública y el buen manejo de los fondos”, concluyó.
