La Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET), entidad que representa a sobre 150,000 trabajadores en el sector al detal del país, solicitó a los presidentes de los cuerpos legislativos detener la aprobación de varios proyectos de reciclaje y manejo de desperdicios sólidos. Esto, para que puedan ser evaluados de forma integral con las leyes existentes por el Comité Asesor de Reciclaje, que la Ley 66 de agosto de 2017 establece.
“Por años, ha habido múltiples esfuerzos dirigidos a la conservación ambiental y el reciclaje, para los cuales se ha legislado un sin número de proyectos que no están integrados, carecen de implantación coordinada y de un enfoque holístico, que propenda en el logro del propósito genuino de éstos. Ahora, contamos con una solución inmediata, creada por la Ley 66, que si la implementamos y activamos el Comité Asesor de Reciclaje, podemos iniciar un proceso de análisis y recomendaciones al gobierno que sea de beneficio para todos”, declaró en una comunicación escrita Iván Báez, presidente de ACDET.
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La Ley 66 se creó para establecer el Comité Asesor de Reciclaje en función de la Ley 70-1992, según enmendada conocida coma “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, a fin de proveer para investigación e informes, asesoría. Este Comité debe contar con el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y representantes del Departamento de Agricultura, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, el Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y un representante del interés público, en representación de los consumidores, a ser nombrado por el Gobernador.
Piden detener proyectos
“Aplaudimos que la Legislatura haya aprobado la Ley 66 y exhortamos al Gobernador de Puerto Rico, que active este Comité lo antes posible, a la Legislatura a detener el curso de proyectos tales como P. de la C. 717, el 1433, el 1649 y el 1745; y que permitan que analicemos responsablemente las medidas, y propongamos un plan integrado que haga sentido para el país, las industrias implicadas y la ciudadanía en general”, añadió Báez.
El ejecutivo informó además que han solicitado al Gobernador que realice el nombramiento, ordenado por ley, del Representante del interés público, para comenzar inmediatamente los trabajos. Con esto, las entidades de comercio del país se mostraron muy confiados de poder encontrar una solución efectiva y de beneficio para todos; que imparta orden y coherencia todas las legislaciones y proyectos ambientales sobre la mesa.
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