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Transportistas y excursionistas llevan a la CSP al tribunal

Tras ignorar su pedido para evidenciar que cumplen con la ley 75

 Los gremios PROTGE Inc y Puerto Rico Tours Inc radicaron un mandamus y una sentencia declaratoria contra el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, y su presidente Luis García Fraga, por violar la ley 75, tomar decisiones ultra vires y atentar contra las relaciones contractuales que los transportistas tienen con el Gobierno.

  La acción llega después de varias gestiones sin éxito, realizadas por los transportistas, para que la agencia haga cumplir la ley 75, que estipula que todo ERT debe contar con la autorización expedida por la Comisión, sin embargo, ésta aún no las ha otorgado.   El último de los intentos realizados por PROTGE en favor de los derechos de los transportistas y excursionistas ocurrió recientemente cuando el abogado del gremio solicitó directamente al presidente García Farga la evidencia de que estaba cumpliendo con el reglamento y la ley 75 e ignoraron el requerimiento.   Con la aprobación de la Ley Núm. 75 de 6 de agosto de 2017, conocida como “Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público”, se consolidó en dicha agencia la facultad de reglamentar la industria de transporte terrestre de pasajeros.   “Nos parece una falta de respeto hacia los transportistas y excursionistas de Puerto Rico, que nuestros reclamos sean ignorados y más en un momento en que la Isla apuesta tanto al sector turístico para salir hacia adelante. Es insólito que nuestros esfuerzos por garantizar la seguridad de nuestros turistas caigan en oídos sordos y que seamos nosotros mismos los que tengamos que traer a la atención de otros que una agencia pública no está cumpliendo a cabalidad lo estipulado por ley”, dijo José Poupal, líder de PROTGE.   “Aquí lo único que buscamos es que se garantice que toda la transportación pública esté regulada de igual manera y que, con ello, se esté garantizando también la seguridad de quienes utilizan el servicio de los transportistas de Puerto Rico. Sin embargo, da vergüenza que la propia Comisión de Servicio Público aceptó recientemente en la prensa escrita tener a los operadores de ERT de forma ilegal operando en la Isla. ¿Hasta cuándo va a pasar esto?”, añadió.  

Tras la radicación del mandamus y la sentencia declaratoria, la juez citó para una vista el 12 de octubre a las 10:00 a.m. en el Centro Judicial de Hato Rey.

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