El gerente interino del Área de Contaminación de Terrenos del Deparatmento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Ricardo Pallens Cruz, reveló hoy que la Junta de Control Fiscal (JCF) mantiene congeladas desde julio de 2017 sobre $3,339,709.80 en facturas evaluadas, revisadas, certificadas y enviadas para el pago a los distintos exportadores de neumáticos usados al Departamento de Hacienda. Esto ha tenido como consecuencia la disminución en el recogido y exportación de las mismas.
“Previo a la congelación del Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desecados, el balance del mismo permitía cumplir con los compromisos de gastos que estaban asociados al mismo. Como parte de las múltiples gestiones llevadas a cabo por la extinta JCA, se logró la descongelación parcial de fondos, lo que afortunadamente permitió el pago de facturas de exportadores ascendientes a $5 millones”, detalla la ponencia del DRNA que fue presentada en vista pública hoy de la Comisión de Salud Ambiental que preside el senador Carlos Rodríguez Mateo y dilucida la Resolución del Senado 751 de su autoría.
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A su vez, esto contrasta con la información provista por el Departamento de Hacienda donde detalla que durante el pasado año fiscal este Fondo tuvo recaudos de recaudos de sobre $10 millones de dólares.
Ante esto, Rodríguez Mateo concluyó como acciones contradictorias el hecho de tener “un balance positivo (en Hacienda) aun cuando hay una deuda reconocida (en el DRNA)”. “Dentro de los muchos dolores de cabeza que ha traído la JSF, vemos hoy uno nuevo, poniendo en peligro los negocios de estos exportadores de neumáticos. Es un disloque ustedes lo llaman congelación yo lo llamo confiscación de estos recursos económicos. En el área de salud pública, la Junta no tiene la mínima idea de los que está haciendo y que por buscar cuadrar un presupuesto están agravando problemas de salud -como el zika y el dengue- e imposibilitando el desarrollo económico de esta industria”, sostuvo.
Previo a esta información, el presidente de la compañía Prospero, José Rodríguez, con más de 16 años en el mercado de los neumáticos, sostuvo que actualmente le adeudan sobre $2 millones por 8 meses de facturación que no han sido pagados. Asimismo, indicó que el año pasado su compañía trae 20 mil gomas mensualmente a la Isla y el año pasado exportaron sobre 3 millones a India. “El problema principal sobre los neumáticos es el pobre sistema de pago que hay por su recolección. Esto ha provocado que muchos en esta industria tengamos que empeñar nuestras casas y carros y ver como no las quitan tratando de cubrir estos gastos que no han sido pagados. Así tampoco uno puede pagarles a nuevo empleados”, resaltó Rodríguez.
Asimismo, el presidente de Prospero relató el lento proceso de facturación que actualmente pasan los comerciantes al intentar exportar las gomas fuera de Puerto Rico.
“El Gobierno nos está permitiendo presentar la factura antes del momento de que sean embarcados los neumáticos y teniendo los documentos de la compañía marítima que certifica que esa carga está en la barcaza. Pero hasta que no se presenta la factura de que llegaron (los neumáticos) a puerto y los sacaron del puerto, se supone que no se emita pago, esto demora como 3 meses, si la barcaza no hace transbordos. Después de eso, nos encontramos con que la factura está en un proceso “novato” – por usar una palabra dentro del trámite- porque se supone que en este tiempo (3 meses) se haya adelantado la certificación de otros documentos y que al llegar la barcaza ya la factura esté en finanzas del DRNA y solo tengan que certificar a Hacienda que la compañía está en cumplimiento y emitan el pago. Pero no sucede así, cuando nosotros disponemos del vagón en donde este, en este caso en India, pues todavía los documentos no han sido procesados por las oficinas que tienen que correr y posteriormente hay que esperar 3 o 4 meses más hasta que la misma presión hace que esto comience a correr”, relató José Rodríguez.
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Por su parte, el senador popular Cirilo Tirado indicó respaldaría las acciones que realice la Comisión, ya sea hasta llevar este reclamo a los tribunales, por entender está poniendo en peligro la salud pública.
“Me parece que es una acción inaudita, hay que radicar una solicitud urgente a la Junta para que liberen este dinero, no se sí deberíamos ir a los tribunales o comenzar por la Asamblea Legislativa para que declare esto como una emergencia de salud pública. La Junta se está apropiando el dinero de los contribuyentes y está afectando la salud de los puertorriqueños”, apuntó.
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