Aunque el Partido Nuevo Progresista (PNP) no tiene representación en el comité de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que investiga el escándalo de los vagones con suministros perdidos, la comisionada electoral de dicha colectividad, Norma Burgos, y su representación legal, Héctor Díaz Vanga, tuvieron acceso a información clasificada de la pesquisa, que luego utilizaron para intentar detener los trabajos en la corte.
El pasado 19 de septiembre, en una moción presentada —después desestimada— en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Burgos argumentó que el grupo investigador solicitó al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, información personal, así como detalles sobre procedimientos y empleados de la agencia que dirige. En el documento legal, la también exsecretaria de Estado usó estos datos para pedirle a la jueza Lauracelis Roques Arroyo detener el proceder de la dependencia por considerar que “la CEE, como cuerpo, solo tiene autoridad para realizar investigaciones de naturaleza electoral”.
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Según los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Popular Democráctico (PPD), María de Lourdes Santiago y Miguel Ríos Torres, respectivamente, existe un acuerdo de confidencialidad en el comité que impide que se divulgue el tracto de las indagaciones. Y, ante la decisión del PNP de no participar de la pesquisa, queda entonces la interrogante de cómo Burgos se enteró de los requerimientos de información a Rolón.
“No tiene representación porque no quiere. Y yo te hablo del interrogatorio porque ella lo incluyó como anejo e hizo público el asunto. Pero existe un acuerdo de confidencialidad y es altamente impropio de la comisionada Burgos hacer pública información sobre la investigación y mucho más impropio del titular de Corrección, de salir corriendo con la queja donde la comisionada PNP a pasarle papelitos debajo de la mesa en lugar de actuar con propiedad, dirigiendo, si así lo estimaba necesario, una comunicación al pleno de la comisión o los investigadores”, sostuvo Santiago en entrevista con Metro.
Tanto para el PIP como para el PPD, el hecho de que Burgos esté recibiendo información privilegiada levanta suspicacia sobre sus intentos de detener la investigación sobre los furgones encontrados en los predios de la CEE con suministros expirados que nunca llegaron a los damnificados por el huracán María.
“Ella [Burgos] está tratando de que eso [la pesquisa] no se dé, diciendo que es ilegal y diciendo que el presidente interino de la CEE, Nicolás Gautier, está siguiendo mis instrucciones”, opinó, por su parte, Ríos. “Los trabajos son privados porque son a base de una investigación, y ella no tiene a nadie allí”, agregó.
El comité investigador está compuesto por Karla Angleró, comisionada alterna del PPD, Adrían González, comisionado alterno del PIP, y por Julia Álvarez, asesora legal de la agencia y representante del presidente interino.
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De acuerdo con Angleró, el reglamento del comité investigador establece expresamente que las averiguaciones de los furgones serán privadas y, por tal razón, no ha dado entrevistas a los medios sobre el asunto, a diferencia de la pesquisa sobre el chat de WhatsApp, que involucraba a un juez y a seguidores del PNP. Esta última investigación no fue confidencial porque el representante de la palma se opuso.
Precisamente, por la privacidad de los procesos, la comisionada del PPD no dijo por qué solicitaron información a Corrección sobre el asunto de los vagones.
Angleró hizo saber, entretanto, que no se están utilizando fondos públicos en las indagaciones, más allá de los sueldos que ya devengan ella y González, como comisionados electorales alternos, y Álvarez, como asesora legal.
Pone en duda la confidencialidad de la investigación
A través de una declaración escrita, la comisionada Burgos puso en tela de juicio la privacidad de los trabajos de investigación en la CEE.
“El que yo obtuviera esa información demuestra a usted y al pueblo de Puerto Rico cuán ‘confidencial’ investigan los PPD y PIP. Así trabajaron la investigación del chat y tuvieron que abortarla, a pesar de los miles de dólares que gastaron en fondos públicos”, declaró en un mensaje de texto.
Aunque este diario lo preguntó, Burgos no detalló cómo consiguió la información sobre las peticiones del comité investigador al secretario de Corrección.
Preocupa la seguridad en la CEE
Para Santiago y Angleró, lo más importante sobre la investigación de los vagones es descubrir qué pasó con la seguridad de la CEE. El pasado 8 de octubre, fueron encontrados en la agencia electoral, por la emisora Radio Isla 1320, varios furgones con suministros. Más tarde, en una situación que aún genera dudas, fueron encontrados en un predio privado de un correligionario del PNP, Carlos “Candela” San José Reyes.
“Allí [en la CEE] están las seis mil maquinas de escrutinio electrónico, casetas electorales y hasta marcadores. Ahí está la ficha electoral de don Pedro Albizu Campos, un archivo histórico. Y esa oficina de seguridad decide quién entra y quién sale”, sostuvo Santiago, quien explicó que la seguridad de la comisión está en manos de un director del PNP.
