A un año del paso del huracán María sobre Puerto Rico, ni los municipios ni agencias estatales han podido comenzar ni un solo proyecto de reconstrucción permanente por vía de los procedimientos alternativos establecidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) en la Sección 428 de la Ley Stafford.
“FEMA y el Gobierno pudieran mejorar un poco el proceso, como, por ejemplo, si COR3 (Oficina Central para la Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico) está haciendo las revisiones con personal altamente calificado y las evaluaciones, ¿por qué FEMA tiene que volver a hacer la misma evaluación?”, cuestionó el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.
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“¿Tú te imaginas que tengamos que esperar que en Puerto Rico se reúnan empleados de FEMA, técnicos, para evaluar cada facilidad, con equipos de municipio? Se van a tardar dos o tres años en chequear todas las facilidades”, afirmó por su parte el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, quien calificó como “frustrante” el proceso de acuerdos con FEMA, dada la excesiva burocracia que ha experimentado
Según lo establece la propia Guía para Obras Permanentes de FEMA, el 30 de octubre de 2017, tras el paso de María, el Gobierno de Puerto Rico eligió participar en los procedimientos alternativos bajo la Sección 428 para subvencionar proyectos grandes bajo las categorías C-G del programa de Asistencia Pública. El presidente Donald Trump, mediante carta el 2 de noviembre de 2017, autorizó el otorgamiento de fondos federales para cubrir el 90 % de todos los costos elegibles para Asistencia Pública (PA, por sus siglas en inglés) con la excepción de la asistencia previamente autorizada al 100 %.
Como parte de lo establecido, el Gobierno de Puerto Rico debía constituir un ente fiscalizador, apoyado por peritos externos, para actuar como receptor de las subvenciones de fondos de Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos con el fin de garantizar el manejo adecuado y efectivo de los proyectos, el control centralizado y la fiscalización de la distribución de los fondos de las subvenciones otorgadas por FEMA.
Así es como nace la Oficina Central para la Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en inglés), dirigida por el licenciado Omar Marrero. Dicha Oficina contrató un panel de expertos, bajo los mismos estándares de FEMA, que revisa los estimados de los municipios y agencias estatales, pero la agencia federal evalúa nuevamente cada proyecto, pese a la aprobación de dicho panel. Marrero colocó sobre la mesa los puntos a favor del procedimiento establecido y las barajas en contra de Puerto Rico, al momento.
“Hay preocupaciones genuinas que también nosotros compartimos, a nivel de las agencias estatales”, afirmó Marrero, al asegurar que ha presentado a FEMA esas preocupaciones. “Todos queremos asegurar que el proceso sea más efectivo pero también tiene que ser más eficiente y tiene que agilizarse el proceso, particularmente el proceso de desembolso”.
“La parte más importante es que no es opción para Puerto Rico reconstruir lo que teníamos antes del huracán, así de sencillo. El proceso tradicional de Fema te dice: ‘Tienes que reconstruir a como estabas antes’. Te dice también que, una vez determines el pote que tengas, tienes que deducir de ese fondo el pre-existing condition”, algo que, a juzgar por el grave deterioro de la infraestructura en la isla por falta de mantenimiento, no era conveniente.
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“En ese sentido, uno de los beneficios claros es, precisamente, la oportunidad de reconstruir más inteligente, más resiliente y mejor. Para nosotros eso representaba una oportunidad dorada”, sostuvo en entrevista con Metro.
La Sección 428 indica que el proceso alterno brinda flexibilidad al uso de los fondos y agiliza el suministro de asistencia al Gobierno estatal, territorial o local, o a los dueños u operadores de entidades privadas sin fines de lucro que resulten elegibles. Sin embargo, esa agilización no es lo que están experimentando los municipios ni el propio Gobierno estatal.
“Hay preocupaciones genuinas que también nosotros compartimos, a nivel de las agencias estatales”, afirmó Marrero, al asegurar que ha presentado a FEMA esas preocupaciones. “Todos queremos asegurar que el proceso sea más efectivo pero también tiene que ser más eficiente y tiene que agilizarse el proceso, particularmente el proceso de desembolso”.
“La realidad aquí es que lo que debe pasar, si quieren ayudar a los municipios, es darles adelantos a los municipios para que puedan comenzar a hacer las obras, puedan comenzar la reconstrucción”, afirmó Molina, también presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. “Es bien duro, es bien cuesta arriba para nosotros los ejecutivos municipales”, añadió.
Solo cuatro acuerdos de estimados de costo completados
Marrero explicó que, hasta la fecha, solo hay cuatro proyectos de reconstrucción bajo la Sección 428 cuyos acuerdos de estimados de costo ya están completados y firmados, aunque aún están bajo revisión del panel de expertos de FEMA. Se trata de proyectos para las áreas de vivienda, salud y otros, aunque dijo que aún no podía ofrecer más detalles.
El Gobierno de Puerto Rico tiene hasta octubre de 2019 para presentar los costos estimados a través de la Sección 428. Ese día es cuando vamos a saber cuántos fondos tenemos exactamente para la reconstrucción de Puerto Rico, que se derivan del Disaster Relief Fund de FEMA”, indicó. Hasta el momento, FEMA tiene presupuestado unos $40 mil millones para proyectos de la Sección 428, dijo Marrero, quien no descartó que, una vez se alcance el mes de octubre de 2019, sea necesario extender el periodo de tiempo para completar todos los acuerdos de costos, una posibilidad que provee la Sección 428.
Mientras tanto, aseguró que trabaja para lograr que FEMA provea un adelanto a los municipios, agencias estatales y entidades elegibles, que les permita comenzar con la etapa inicial de proyectos, sobre todo, tomando en consideración que el desembolso de FEMA a los municipios, por ejemplo, respecto a los gastos de recogido de escombros y medidas de emergencia bajo las categorías A y B, también ha sido lento.
“La realidad es que todavía no hemos llegado ni a un 50 % (del pago de gastos a los municipios bajo categorías A y B). Eso es inaceptable porque los estás estrangulando”, argumentó.
“El punto medio que estamos buscando es que mientras transicionamos a esa fase de trabajo permanente, previo a construir, tratar de sacar un adelanto de dinero bajo la categoría C para diseño, que es una parte que hay que hacer antes de comenzar un proceso de licitación”, explicó, al tiempo que añadió que el asunto fue discutido con FEMA en una reunión el martes.
Sobre la respuesta de FEMA, indicó que “están abiertos a la posibilidad de considerar ese tipo de solución de forma tal que, a corto plazo, podamos incrementar los recursos que tienen los municipios para llegar a liquidez adicional de una manera oportuna”.
Por su parte, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, sostuvo que “la realidad es que todos los alcaldes penepés y populares lo que estamos es deseosos de que las obras que hay que hacer se puedan hacer. Y para hacerlas, que tengamos, ya sea el compromiso del apoyo económico para hacerlas o la asignación de fondos”. El también presidente de la Asociación de Alcaldes dijo comprender la magnitud de los daños registrados en Puerto Rico, pero espera una respuesta más eficiente por parte de las autoridades federales.
“Como FEMA ha cambiado las reglas una y otra vez, nosotros seguimos en la expectativa de cuándo, finalmente, se termine la gestión del inventario de los datos de cada una de las áreas de daños para ver cuándo, finalmente, vamos a recibir el dinero o vamos a recibir el reembolso”, enfatizó.
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