Una fragmentación ideológica, jurídica y científica imperó ayer en el salón José “Yiye” Ávila del Senado del país, ante la evaluación en vistas públicas de dos medidas legislativas controversiales, que hasta provocaron un encontronazo entre manifestantes, la Policía de Puerto Rico y la seguridad de la Cámara Alta.
En primer lugar, la Asamblea Legislativa analizaba el Proyecto del Senado 950, que tiene la intención de imponer nuevas regulaciones al aborto y que fue presentado por la legisladora Nayda Venegas Brown. Por otra parte, en la audiencia —que contó con 18 deponentes— también se recibieron comentarios sobre el Proyecto del Senado 1000, sometido por Eduardo Bathia, José Vargas Vidot, Zoé Laboy y Juan Dalmau, con el fin de prohibir las terapias reparativas de orientación sexual en menores de edad.
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La medida de Venegas Brown, entre otros asuntos, obliga a los médicos a ofrecer un sonograma a quien desea abortar, en el que se escuchen los latidos del feto. El documento dispone que, al menos 48 horas antes del procedimiento, el galeno deberá entregarle material informativo a la mujer que explique que “el aborto terminará la vida de un ser entero, separado y único”. Prohíbe, además, la terminación del embarazo después de las 20 semanas y que una menor de 21 años decida acabar su periodo de gestación sin el aval de sus padres.
De acuerdo con Linda Lara, representante del Departamento de Salud, agencia del ejecutivo que se posicionó en contra de la pieza, en la exposición de motivos de la legislación se establece que su motivo es “proteger la vida humana no nacida”. Sin embargo, el Código Civil no se considera que el feto es un ser vivo hasta que está “completamente desprendido del seno materno”.
Mientras, la ginecóloga Sharee Ann Umpierre, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, detalló que, en ocasiones, después de las 20 semanas se realizan sonogramas para detectar anomalías de salud que pueden requerir la terminación del proceso de gestación.
Para la abogada y profesora de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Esther Vicente, quien además pertenece a la organización Profamilias, el Proyecto 950 “le resta el derecho a la mujer de que somos seres racionales, que podemos tomar decisiones éticas”. Agregó que la medida es impulsada por grupos de corte religioso y que “no puede legislarse para complacer a unos sectores que tienen unas ideologías que la van a imponer al resto de la sociedad”.
Por su parte, Gina Pennance, de la organización Fieles a la Verdad subrayó, en concordancia con la senadora Venegas Brown, que la intención de la legislación propuesta es asegurar “el consentimiento informado” de la mujer como un “principio fundamental de la ética médica”. Añadió que “los estudios dicen que los jóvenes tienden a trabajar impulsivamente” y por eso debería ser meritorio el consentimiento de los padres para terminar con un embarazo.
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Asimismo, el sacerdote católico Carlos Pérez Toro indicó que el Estado tiene el derecho de preservar la vida humana y se posicionó a favor de que el feto es un ser viviente.
Ante preguntas de la senadora Laboy, tanto Pennance como Ortiz se mostraron en contra del aborto, aun cuando el embarazo sea producto de abuso sexual.
“Yo no creo que un hijo fruto de una violación tenga que pagar la culpa del padre que cometió ese atropello”, respondió Pérez Toro.
Entretanto, Venegas Brown defendió su medida y señaló que no responde a su ideología religiosa, no sin antes aclarar que no se considera feminista. “Quiero ser clara. Quiero decirles que esto no es religión, es anatomía básica. Mamá, bebé. Yo no soy feminista, pero soy pro mujer”.
Un alto a las terapias de conversión
El Proyecto del Senado 1000 tiene el propósito de prohibir la práctica de la terapia de conversión de orientación sexual en menores de edad. De acuerdo con Caleb Esteban Reyes, de la Asociación Puertorriqueña de Sicología, la diversidad sexual de una persona no puede cambiar. Es decidida por “la naturaleza” y ha sido descartada como una enfermedad. Por lo tanto, las terapias de conversión o reparación no tienen efectividad.
Otra experta en sicología, María de los Ángeles González se mostró en contra de prohibir las terapias de reparación de orientación sexual porque considera que esto violaría la decisión de un cliente de recibir el tratamiento que desea. “Si quiere girar hacia la heterosexualidad, estamos violando la autonomía de esa persona. La identidad puede ser cambiada en cualquier dirección”, opinó la doctora.
No obstante, el senador Eduardo Bathia le aclaró que “la intención no es interferir con el derecho que tiene un médico para atener a un paciente, lo que si hace es que prohíbe que, una vez exista esa identidad de género, que se cree una terapia de conversión porque hay que cambiarla”.
Para el Departamento de Justicia, quien se posicionó a favor de eliminar las terapias de conversión a través de una de sus representantes, Huldalí Figueroa, el Estado tiene un “interés genuino” en proteger a los menores de edad de ser sometidos a dichas terapias porque carecen de rigor científico.
Según Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, la medida podría levantar un cuestionamiento de “dónde se traza la raya” entre el derecho de un progenitor a educar a sus hijos y la intervención del Gobierno en dicha crianza.
Sacan activistas de vista senatorial
En el momento que hacían sus ponencias varios invitados, féminas que se encontraban en el público de la sala Yiye Ávila comenzaron a cantar consignas a favor del aborto. El presidente del Senado ordenó a la Policía de Puerto Rico y a los ujieres de la Cámara Alta sacar a las manifestantes cuando avistó que no pararían su intervención.
