El secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, reiteró su defensa del traslado de hasta 1,200 confinados de custodia mínima, voluntarios, a cárceles de Mississippi mediante un contrato con la empresa Core Civic America (CCA) cuya primera fase comenzaría el 30 de septiembre si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) da paso al contrato.
El costo de mantenimiento de estos confinados sería menor al costo que se tiene en la Isla, que es de casi $73,000 al año. Un estudiante cuesta alrededor de $6,000, una cifra bajita para países industrializados.
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“Nuestra responsabilidad en términos de esta decisión es cerciorarnos que los confinados no sufran laceraciones a sus derechos y a las garantías y seres humanos que son. No estamos en una situación de hacinamiento y eso nos pone en una posición de poder exigir el fiel cumplimiento de un contrato”, dijo Rolón en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública que preside el senador Henry Neumann Zayas.
CCA enfrenta varias denuncias por alegados malos manejos y maltratos a confinados y menores en custodia del gobierno de Estados Unidos. Según informó el secretario, la otra compañía que estaba interesada se retiró del proceso de subasta.
“Para mí la violación de derechos es algo impermisible porque yo no tengo la necesidad de hacerlo (el contrato). Estoy haciendo esto para crear una herramienta de rehabilitación poderosa y costo efectiva”, añadió Rolón cuyo equipo de trabajo ha visitado la institución carcelaria de Mississippi en la que pueden residir hasta 2,900 reos.
Señaló que el gasto actual del DCR por cada confinado es de $200 diarios mientras que fuera de la Isla es de aproximadamente $100. La cárcel menos costosa en Estados Unidos invierte $60 por confinado.
El ahorro estimado como el traslado voluntario de los reos es de $17.2 millones para el año fiscal 2019 hasta $46.9 millones en el 2022.
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El senador del PPD Miguel Pereira comentó: “vamos a soltar a los confinados de custodia mínima. Eso sí es cero costo, en vez de enviarlos a Mississippi. Vamos a soltarlos porque Mississippi ‘it’s not a nice place’”.
El secretario señaló que gran parte de los ahorros serán en el costo de operaciones al cerrar una institución carcelaria lo que provocaría que el personal sea transferido a otra cárcel lo que le ayudaría a manejar el pago de horas extras que anualmente ronda $24 millones.
También se trabajarán más programas que generen mayores ingresos como lo es el de mantenimiento y ornato en varios municipios.
“Se da un efecto dominó muy interesante donde no sólo hablamos de rehabilitación sino de costo eficiencia”, argumentó.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria se oponen al traslado de los confinados a Estados Unidos.
La selección de los 1,200 confinados voluntarios de custodia mínima a ser trasladados forma parte del universo de 9,300 reos en las 29 instituciones carcelarias en el país.
