Nueva política energética incluirá transición del gas natural a energía renovable

Mañana comienzan las vistas públicas que nutrirán a un grupo de trabajo que prepara la legislación que definirá la privatización del sistema eléctrico

Por Ronald Ávila Claudio

Producir energía con gas natural será un paso de transición para abandonar los combustibles fósiles y establecer fuentes renovables en Puerto Rico, aseguraron hoy los senadores Larry Seilhamer y Eduardo Bathia, quienes tienen en sus manos –junto a un grupo multisectorial– la creación del proyecto de ley para establecer un marco regulatorio y una política pública energética en la isla.

La medida, según explicaron ambos legisladores en una conferencia de prensa, pondría límites en el uso del gas para un futuro y establecería “métricas no conservadoras” sobre la generación con fuentes renovables.

Mañana, precisamente, se celebrará la primera vista pública de la Comisión Especial de  Asuntos de Energía del Senado, que contará con unos 20 deponentes, quienes nutrirán los trabajos comenzados por el equipo hace cuatro meses, luego de aprobarse la Ley 120, estatuto que permite la privatización del sistema eléctrico.

“En Puerto Rico, el 50 % de los gases con efecto invernadero vienen del carbón y del petróleo. El gas natural, sus emisiones son de un 7 %”, detalló Seilhamer, presidente de la comisión, para defender la transición.

“La discusión que ha habido es eliminar poco a poco los combustibles fósiles. Los queremos reducir en la manera que sea posible, que Puerto Rico pueda tener más resiliencia”, soltó por su parte Bathia.

Asimismo, Pablo Vázquez, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, quien pertenece a la mesa de trabajo, aseguró que para modernizar las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es necesario, en primera instancia, utilizar gas natural.

“Hay que establecer objetivos realistas de transformación. Lo que tenemos en el momento, que son plantas generatrices centralizadas, ahora mismo funcionan con combustible fósil, tenemos que buscar la manera de transicionar con combustibles más económicos y las expectativas de nosotros es que con estas transacciones ocurran modernizaciones en esas centrales”, indicó el ingeniero.

La medida de establecer en primera instancia gas natural en la isla ha sido criticada por grupos ambientalistas como Casa Pueblo, cuyo director, Arturo Massol, ha mostrado preferencia por invertir el dinero y esfuerzo en fuentes renovables de una vez.

No obstante, aun cuando hoy es que comienza la discusión del marco regulatorio y la política pública energética, la AEE inició el cambio a gas natural en sus centrales generatrices. El pasado 1 de agosto, el director ejecutivo de la corporación pública, José Ortiz, anunció la publicación de una solicitud de propuesta para transformar las unidades 5 y 6 de la Central de San Juan, así como para llevar gas natural a dicha planta a través de barcazas.

De acuerdo a Seilhamer, la propuesta de Ortiz no se distancia de la visión que presentará la legislación, porque “esa es una determinación a corto plazo, operacional. Bien corto”.

Según el senador, el director del monopolio de energía ha participado de las reuniones del comité que elabora la ley y ha aclarado todas sus dudas sobre la solicitud de propuesta.

Y aunque el gas natural tendrá cabida en el nuevo modelo energético, uno de los combustibles que quedará fuera será el carbón. En diez años será prohibido producir energía con carbón, puntualizó el presidente de la comisión. Esto va a la par con el fin del acuerdo entre la AEE y la planta AES, ubicada en Guayama.

Un proceso participativo

Con la intención de crear un proyecto de consenso, en el equipo que prepara la ley hay representantes de diversos sectores. Se incluye, por ejemplo, al Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, Rocky Mountain Institute, Departamento de Energía federal, Universidad de Puerto Rico, Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

Por parte de Fortaleza participa Christian Sobrino, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y por parte de la Junta de Control Fiscal el asesor Alejandro Figueroa.

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