El cubano Rafael Hernández Catá, dueño del licitador de alimentos Sun Products Investments & Savings, Inc., y Sun Products Inc. demandó al municipio de San Juan y le exige una indemnización de seis millones de dólares por lo que considera “fraude y discrimen” por haber sido separado de las licitaciones municipales luego de 23 años.
En la demanda, Hernández Catá indica que ha prestado servicios de licitador y proveedor de comida al municipio desde 1995, y que “desde enero del 2013, por órdenes expresas o tácitas de la alcaldesa Carmen Julia (Yulín) Cruz Soto y de Magdiel Pérez González, secretario municipal, comenzó a privarle al demandante de su derecho a ser un licitador y proveedor de comidas al municipio de San Juan y a competir en buena lid”.
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Agrega que “recientemente, luego de que el FBI anunciara que está investigado las compras en el municipio de San Juan y radicaran una demanda a nivel federal; el demandante Rafael Hernández Catá solicitó y le han llegado documentos fehacientes que demuestran que le han discriminado y privado de sus derechos”.
Señala que “se han estado beneficiando ilegalmente a otros licitadores los cuales han estado cobrándole al municipio de San Juan sumas irrazonablemente altas; lo que demuestra que se ha cometido fraude; además de violarse los preceptos legales y los acuerdos contractuales y los principios de buena fe entre los funcionarios, agentes, empleados y contratistas del municipio en contra del demandante”.
Luego de hacer una reseña del dinero que ha dejado de percibir, indica que “se estima que por el incumplimiento de sus obligaciones legales, el municipio de San Juan (sobre la) base de los datos disponibles que los daños sobrepasan una suma no menor de seis millones de dólares”.
Concluye que “por todo lo expuesto, solicitamos muy respetuosamente de este honorable tribunal declare con lugar esta demanda y condene a las partes demandadas en forma individual y solidaria al pago de la suma de 6,000,000.00 de dólares por los hechos descritos en esta demanda, más los intereses por mora, intereses por temeridad, gastos, costas y como honorarios de abogado 25% por los salarios básicos o 33% por los intereses y daños”.
