BUENOS AIRES (AP) — El Senado argentino autorizó el miércoles a un juez a inspeccionar tres propiedades de la expresidenta y senadora Cristina Fernández en el marco de una causa por presunta corrupción con la obra pública durante su gobierno.
La decisión se adoptó con el voto de los 67 senadores presentes en el recinto, entre ellos la propia exmandataria (2007-2015).
La medida había sido solicitada por el juez federal Claudio Bonadío, quien considera a Fernández sospechosa de liderar una trama corrupta de exfuncionarios y empresarios que supuestamente pagaron sobornos para ser beneficiados con obras públicas.
Por su condición de senadora, Bonadío pidió hace varias semanas al Senado la autorización para allanar dos casas en la provincia de Santa Cruz y un departamento en Buenos Aires, el cual –según el relato de un arrepentido de la causa– fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a funcionarios del gobierno de Fernández y de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).
El debate en el Senado se facilitó luego de que Fernández aceptara la víspera el allanamiento de sus propiedades aunque con ciertas condiciones, como que se realicen sin cámaras de televisión y fotográficas para evitar la difusión de imágenes, la presencia de un senador designado por ella y el uso de tecnología que no dañe las viviendas.
Estos pedidos no fueron avalados por la Cámara Alta.
Se desconoce cuándo el juez Bonadío llevará a cabo el procedimiento.
Los más críticos de Fernández afirman que los allanamientos a esta altura resultarían inútiles, pero algunos senadores apuntaron que permitirán identificar visualmente lugares donde habrían sido depositados bolsos con dinero.
Los detalles revelados en el marco de la causa han generado el malestar social. Decenas de miles de personas se manifestaron la víspera ante el Congreso y en distintas ciudades del país para exigir a los senadores que den luz verde al pedido del juez y en demanda de un eventual desafuero de la senadora, lo que solicitaría el juez al Congreso en los próximos días si resuelve procesarla y ordenar su detención.
Fernández negó haber cometido algún delito. La senadora, que dentro de la oposición es la líder que goza de mayor apoyo popular, ha acusado a Bonadío de responder al presidente Mauricio Macri en las distintas pesquisas en las que ha sido procesada por el magistrado.
“Estamos ante un Poder Judicial como elemento de persecución y proscripción de dirigentes populares. Este es un modelo regional que podemos estar viendo también en Brasil”, dijo Fernández durante su alocución en el Senado en referencia a la situación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, detenido en su país por un caso de corrupción.
Fernández puso en duda la validez de las pruebas y la declaración de varios imputados que han confesado la operatoria de sobornos.
“Pueden encarcelar gente, meter a los opositores presos, piensan que así la Argentina va a ser más gobernable. No creo sea así, al contrario”, advirtió.
Y concluyó que “no me arrepiento nada de lo que hice, en todo caso no fui lo suficientemente inteligente y amplia para persuadir que lo que estábamos haciendo había beneficiado a millones de argentinos”.
En esta última causa sobre lo que sería la mayor trama de corrupción en años en Argentina hay al menos 15 detenidos, 13 arrepentidos, un prófugo y otros 13 investigados.
Según versiones de la prensa con acceso a la causa, dos exfuncionarios declararon que Fernández estaba al tanto del pago de los sobornos. En tanto, varios empresarios reconocieron el pago de coimas millonarias a funcionarios o de aportes para las campañas electorales del matrimonio Kirchner.
La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado supuestamente registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que numerosos empresarios habrían pagado los dólares en efectivo. Entre los destinos a los que habría llegado el dinero también está la casa de gobierno y la residencia presidencial.
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