Llueven los aumentos salariales y contratos en Ciencias Médicas

Aunque el Recinto sufrirá una reducción que alcanzaría los $2.5 millones en su presupuesto, el rector interino Segundo Rodríguez comenzó el año fiscal con aumentos salariales en contratos

Por David Cordero

El rector interino del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Segundo Rodríguez, comenzó el año fiscal otorgando contratos y aumentos de salarios a empleados que ocupan puestos de confianza. Así lo evidencian documentos oficiales en poder de Metro.

Entre los nombres de los contratados por Rodríguez, destaca el de Eduardo “Tito” Laureano, quien fuera ayudante especial del gobernador Pedro Rosselló en Asuntos Municipales. Laureano fue contratado, en principio, el 25 de agosto de 2017, con un salario de $44,550 anuales, por facturar 45 horas mensuales.

Es decir, que a Laureano se le contrató a razón de $90 por hora facturada. Pero el 28 de junio de 2018, antes de que se cumpliera el año del contrato, el asesor recibió un aumento de $27,450. Es decir, que en el año fiscal corriente, se le asignó un salario de $72 mil anuales, y factura 60 horas mensuales, $100 por cada una.

El contrato de Laureano describe como sus funciones: asesorar y asistir en la coordinación de todos aquellos asuntos relacionados con la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico; coordinar las gestiones y procesos de los proyectos ejecutivos del rector; y proveer asesoramiento al rector sobre proyectos de la Rama Ejecutiva y el Recinto de Ciencias Médicas a la luz de la normativa del recinto y el plan de trabajo y funciones institucionales del rector. Esto, a pesar de que el gobernador Ricardo Rosselló ha declarado que la política pública de su administración es respetar la autonomía universitaria.

Justo antes de que se le otorgara el primer contrato en agosto de 2017, Laureano incorporó en el Departamento de Estado una compañía bajo el nombre de NAED Consulting Group LLC, el 7 de junio de 2017. De hecho, el nombre de la corporación figura como la parte contratada por el RCM, representada por Laureano. El documento de incorporación  establece que la compañía “se dedicará a cualquier negocio lícito”. Una revisión en la Oficina del Contralor, reveló, además, que la compañía de Laureano acumula $416,550 en contratos otorgados entre el pasado año fiscal y el actual, con el Senado de Puerto Rico, Departamento de Corrección y Rehabilitación, Fondo del Seguro del Estado, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el RCM, todos por consultoría administrativa, excepto uno por servicios legales.

Una fuente de Metro aseguró que, por instrucción de Laureano, el rector interino del RCM otorgó a Mildred Rivera el puesto de directora de Presupuesto, con un salario asignado de $90,000.

Asimismo, documentos oficiales en manos de este medio revelaron que la Oficina de Rectoría del RCM otorgó un aumento de $24,000 a Vivian Vázquez Colón, directora de Prensa del RCM. Vázquez Colón fue contratada por servicios profesionales en agosto de 2017 por la suma de $60,000, pero ese contrato fue cancelado por el rector interino el 29 de mayo de 2018 para otorgarle un nombramiento de confianza como directora interina de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, a partir del 1.o de junio de 2018, con un salario de $84,000. Vázquez Colón ocupó el puesto de directora de prensa de la Autoridad de Carreteras, durante la administración del gobernador Luis Fortuño.

Estos contratos y aumentos fueron firmados a pesar de que el RCM sufrirá una reducción de hasta $2.5 millones en su presupuesto operacional cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) apruebe el plan fiscal de la UPR en septiembre, y pese a que los estudiantes del recinto comenzaron su año académico con aumentos en el costo de su matrícula.

“Cuando todos tenemos que hacer un esfuerzo por la crisis (económica) de la Universidad, ¿cómo es posible que un reducido grupo de personas reciba un aumento de sueldo?”, afirmó un empleado del RCM en declaraciones a Metro bajo condición de anonimato. De acuerdo con la persona, los contratos y aumentos han causado “indignación” entre los empleados del recinto, que también han sufrido reducciones de beneficios.

Historial de cercanía a acusados por corrupción

Aunque Laureano no fue acusado, su nombre formó parte de la investigación que realizaron las autoridades federales sobre los escándalos de corrupción por los cuales sí fueron acusados funcionarios de la administración de Rosselló (padre), como el exsecretario del Departamento de Educación, Víctor Fajardo. Del testimonio del exdirector del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Eduardo Burgos Lebrón en el año 2000, salió a relucir que Laureano presionaba a los jefes de agencia para que cumplieran con una cuota o donativo político asignada para cubrir los gastos del Partido Nuevo Progresista (PNP), sin que se verificara la procedencia de ese dinero. 

Laureano, además, fue asesor del exsenador y exconvicto por corrupción, Jorge De castro Font, a razón de $3,000 mensuales, antes de que De Castro Font fuera acusado por las autoridades federales. Fue entrevistado por el FBI en dos ocasiones en relación con la investigación de los federales en contra de De Castro Font, específicamente respecto a las gestiones relacionadas con los pagos políticos que recibía el exconvicto. 

Asimismo, el nombre de Laureano  salió a relucir durante el juicio contra los acusados en el caso del Superacueducto en 2006, luego de que uno de los testigos principales señalara, como parte de su testimonio, que Laureano recibió $60,000 a cambio de ayudarlo a lograr contratos sin subasta para la construcción de módulos para cárceles. El asesor, que tiene un contrato vigente con Corrección, negó los señalamientos en aquel momento.

Por su parte, Vázquez Colón fue una de las 38 personas agraciadas con bonos de productividad en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) cuando culminó la administración de Fortuño. El bono de la entonces saliente directora de prensa fue de poco más de $11 mil. La entrega de bonos de productividad se dio en momentos en que la ACT enfrentaba un déficit de sobre $300 millones, de hecho, la corporación pública terminó en el proceso de quiebra del Título III de PROMESA. Estos bonos provocaron protestas por parte de los empleados y sindicatos de la ACT.

Nota del editor: Esta es la primera de una serie de dos entregas sobre el otorgamiento de contratos y aumentos de salario en puestos de confianza en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

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