El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) envío una comunicación a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que reconsidere su determinación sobre la extensión del contrato de prestación de servicios de salud a la población confinados de las instituciones correccionales en Puerto Rico.
La comunicación detalla las razones que resultan en ahorros cónsonos con la política de reducir costos en la contratación de servicios que para el gobierno de Puerto Rico.
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“La compensación, por la administración de los servicios médicos esenciales asegurados mediante esta extensión, fue reducida en un 23 %. Lo anterior, es cónsono con la política de revisión de contratos en exceso de diez millones establecidas por la JSF para asegurar que los procesos de contratación del Gobierno sean más eficaces y garantizar que no afecten negativamente el cumplimiento del Plan Fiscal”, detalló Eduardo J. Rivera Juanatey, director de la oficina de asuntos legales del DCR en su carta a la JSF.
La oficina de asuntos legales fue informada que la subasta de servicios médicos para la población correccional no había culminado aún y surgía la necesidad de extender el contrato vigente aprobado previamente por la Junta, informó Rivera Juanatey en su carta.
Los servicios contratados son esenciales para cumplir con los parámetros establecidos en el caso federal Morales Feliciano y el cual garantiza derechos fundamentales de los confinados.
En cuanto a la reconsideración, según la agencia “resulta meritorio señalar que estos servicios se están subastando por primera vez en Puerto Rico. Los servicios contratados mediante el otorgamiento de la referida extensión se encuentran revestidos de gran importancia para el mantenimiento de la seguridad y el orden público, y resulta indispensable que se continúen proveyendo de manera ininterrumpida”.
