La Contraloría de Puerto Rico informó hoy que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pagó 2.3 millones de dólares a una compañía culpable en el foro federal.
En una auditoría a las operaciones fiscales de la corporación pública, relacionadas con el proceso de compras de combustible y pagos por servicios profesionales, la Contraloría reveló también que en ocho contratos y una enmienda para la compra de combustible entre 2008 y 2012, por la suma de 4.6 miles de millones, la AEE no incluyó en los contratos la cláusula para imponer el cargo de intereses por demora.
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A pesar de la ausencia de esta cláusula en los contratos, la AEE desembolso 3.3 millones a los proveedores.
Además, contrario al Procedimiento de Pago de Intereses de 1996 y otros reglamentos vigentes, el tesorero de la AEE no pudo suministrar para examen de nuestros auditores, los informes y las investigaciones realizadas sobre los pagos de cargos por demora.
La auditoría señala, a su vez, que se efectuaron pagos por 2.3 millones a una compañía que se había declarado culpable por fraude en el foro federal en 2006.
“Esta situación, contraria a la Ley 458 de 2000, para Disponer la Prohibición de Adjudicar Subasta o Contrato a Personas Convictas de Delitos Constitutivos de Fraude, Malversación o Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, se realizó mediante la transferencia de fondos a terceros a petición del proveedor”, indica el informe.
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Agrega que “la cesión de fondos está regulada por el Procedimiento para Tramitar las Cesiones de Fondos aprobado en 2002. Sin embargo, los directores de Finanzas y los tesoreros de la Autoridad, no confirmaron la declaración jurada del proveedor”.
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Asimismo, de 2009 a 2017, la AEE realizó desembolsos por 2.7 millones a 29 contratistas para reconocer y pagar deuda por servicios rendidos sin contrato.
“La situación contraria a la ley vigente propicia que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales y que se efectúen pagos por servicios no prestados”, establece el documento.
El informe comenta que se identificó un proveedor de combustible que rindió y pagó su Planilla Mensual de Arbitrios al Departamento de Hacienda más de dos años posteriores al término fijado por la ley.
La auditoría cubre el período del 1 de enero de 2011 al 15 de septiembre de 2017.
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