La Junta de Planificación (JP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Tierras (AT) deberán tomar todas aquellas acciones bajo su responsabilidad dirigidas a lograr la designación como reserva natural de las 7,000 cuerdas que comprenden el Caño Tiburones, en los municipios de Arecibo y Barceloneta.
Esta acción es requerida por la Ley de Política Pública sobre los Humedales de Puerto Rico (Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998), según resolvió el juez Anthony Cuevas del Tribunal Superior de San Juan, en respuesta a una demanda radicada por ciudadanos y miembros de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI), quienes fueron representados por Pedro Saadé Llorens, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras.
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La sentencia fue emitida tras más de tres años de litigio y ante la oposición de las agencias concernidas, tras haber solicitado la desestimación de la demanda.
La JP había designado solo 4,206 cuerdas del Caño Tiburones como reserva natural en el año 1998, dejando desprotegidas casi la mitad del Caño Tiburones, aun cuando estos terrenos comparten el mismo valor ecológico y para la vida silvestre, según reconocido por la propia agencia y el DRNA desde la década de 1970, cita una comunicación enviada a Metro por los demantantes.
“Estamos muy satisfechos con la determinación del honorable Juez y reiteramos nuestra disponibilidad para colaborar junto al Gobierno en la protección y desarrollo sostenible de esta importante área natural para el beneficio de todos los ciudadanos. Por lo tanto, solicitamos al Gobernador, Ricardo Roselló Nevares a que instruya a los directivos de la JP, el DRNA y la AT a cumplir con la sentencia de forma inmediata, conforme a sus expresiones de que su administración es una de ley y orden”, expresó Nathaniel González, presidente de la SOPI.
Este explicó que el área en controversia corresponde a terrenos públicos administrados por la AT, la mayoría identificados como inundables según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Añadió, a su vez, “que la protección de la totalidad del Caño Tiburones como reserva natural se hace hoy en día más evidente y necesaria tras el paso del Huracán María, puesto que la zona recibió muchas de las aguas del Río Grande de Manatí y el Río Grande de Arecibo tras las lluvias del fenómeno atmosférico, amortiguando de esta manera el impacto de las inundaciones sobre áreas pobladas en la costa de estos dos municipios. Por lo tanto, su protección debe ser vista como una inversión lógica para aumentar nuestra resiliencia de cara al futuro, particularmente ante los impactos crecientes del cambio climático”.
Sergio Colón, una de las principales estudiosos en la Isla sobre el valor para las aves del Caño Tiburones, señaló por su parte que “la decisión del Tribunal valida nuestros reclamos, los cuales están sustentados en múltiples documentos científicos publicados durante décadas sobre la extensión y excepcional valor de esta área natural, muchos de los cuales han sido generados por las mismas agencias que, irónicamente, se opusieron a la protección del Caño. Apelamos a la formación científica del Gobernador para que enmiende los errores e inacción de las pasadas administraciones y que, finalmente, se proteja todo el Caño Tiburones como reserva natural, según dispuso su señor padre cuando firmó la Ley sobre Política Pública de Humedales hace más de 20 años”.
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El Caño Tiburones, ubicado en el llano inundable entre el Río Grande de Arecibo y el Río Grande de Manatí, alberga el humedal de agua dulce más extenso de todo Puerto Rico. Forma parte del Bosque Nacional Modelo y de la región del karso norteño. El Caño Tiburones recibe la descarga de aguas subterráneas y superficiales, ayudando a amortiguar la infiltración del agua de mar sobre los acuíferos de la zona, y de los cuales depende la industria farmacéutica, residentes y agricultores en esta región del norte de la Isla.
El Caño Tiburones ha sido reconocido también por agencias estatales y federales como una de las áreas de mayor valor ecológico en Puerto Rico. Es la zona con mayor número de especies de aves en toda la Isla, y en donde se han documentado hasta el momento 220 especies de aves residentes y migratorias, incluyendo especies vulnerables y en peligro de extinción. Sus recursos naturales proveen una oportunidad excepcional para la diversificación del turismo de Puerto Rico dirigido al turismo de naturaleza y el ecoturismo.
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