La asamblea anual de la American Bar Association (ABA) aprobó una resolución en la cual urge al Congreso federal eximir a Puerto Rico de la aplicación de la Ley de Cabotaje, que le obliga a la utilización de barcos mercantes de Estados Unidos.
El licenciado Mark Anthony Bimbela, quien lidera el grupo de la Junta de Voluntades, promovido por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para luchar en contra de la Ley de Cabotaje, manifestó que el reclamo de la ABA es una muestra del interés que ha generado la aplicación de esta ley a la Isla, y de lo informada que está la sociedad estadounidense, en especial la comunidad legal, “sobre los problemas que esta ley causa en el país”.
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La asamblea anual de la ABA, la organización más importante de juristas en Estados Unidos y con una fuerte presencia en Latinoamérica, se celebró este pasado martes en Chicago, Illinois, donde se aprobó la Resolución 10B relacionada con la Ley de Cabotaje, en la cual se reconoce el impacto negativo que tiene sobre la economía del país y la calidad de vida de los puertorriqueños respecto al acceso a los alimentos, combustibles, medicamentos, entre otros productos básicos.
Bimbela, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), indicó que en la resolución se solicita “exceptuar a Puerto Rico Rico de la Ley Jones, al igual que las Islas Vírgenes”, lo que sería una manera de ayudar a la economía isleña sin ningún costo para los ciudadanos estadounidenses.
“Urgimos una excepción permanente que permita al mercado global ayudar a Puerto Rico y mover los obstáculos que impiden su crecimiento económico”, plantea la resolución, citada por Bimbela.
El presidente del CAAPR, Alejandro Torres Rivera, enfatizó que la ABA está al tanto no solo de las controversias locales, sino de aquellas situaciones en donde el país se une en un solo propósito.
“La ABA toma nota de la unión de voluntades que existe en Puerto Rico sobre el tema de la Ley de Cabotaje y que esta controversia, es uno de las pocas en que todos los espectros políticos del país están unidos”, aseveró el líder de los abogados asociados.
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La ABA menciona el efecto detractor que tuvo la Ley Jones ante el paso del huracán María, en especial al incremento en valor que la legislación ha provocado en los alimentos y en los materiales de construcción para la reconstrucción del país.
La Resolución fue presentada por los presidentes del New York State Bar Association, Michael Miller, y el New York City Bar Association, Roger Maldonado.
Puerto Rico estuvo representado en la asamblea de la ABA por su delegado estatal, Manuel Quilichini, y por los delegados del CAAPR, Carlos Rodríguez Vidal, Luis Dubón III, David Rivera y Laura Miguel.
Los juristas Miller y Maldonado destacaron que este es el comienzo de una estrecha colaboración para lograr que el Congreso federal actúe sobre la Ley Jones y finalmente concedan la ayuda humanitaria que Puerto Rico se merece.
