Buenos Aires — El aborto seguirá en la agenda política de Argentina en los próximos días mediante un proyecto de reforma del código penal que evita las penas de cárcel para las abortistas y con el que el gobierno busca apaciguar al combativo movimiento feminista.
Luego de que un proyecto de legalización del aborto hasta las 14 semanas de embarazo fracasara esta madrugada en el Senado, el Ejecutivo enviará este mismo mes a la cámara alta un proyecto de reforma del código penal para despenalizar la práctica como una vía intermedia entre las dos posturas a favor y en contra que han dividido profundamente al país. Esa iniciativa de reforma elaborada por un panel de expertos a pedido del Ejecutivo propondrá que un juez pueda eximir de pena a la mujer que realice un aborto, que según el código penal vigente puede llegar a ser de cuatro años de prisión.
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“Buscamos un código que tenga en cuenta todos los intereses de la sociedad argentina”, dijo Mariano Borinsky, juez que preside una comisión de magistrados y fiscales a cargo de redactar el contenido del proyecto de reforma que también busca actualizar la legislación existente en distintas áreas, al canal Todo Noticias.
El magistrado indicó que el presidente Mauricio Macri va a presentar este proyecto al Senado el 21 de agosto y luego irá a trámite parlamentario.
Por un lado, explicó Borinsky, en casos de interrupción voluntaria del embarazo “a la mujer no se le va a aplicar una sanción, circunstancia que va a ser analizada por el juez en cada caso particular”.
“Buscamos un código que tenga en cuenta todos los intereses de la sociedad argentina”, dijo Mariano Borinsky, juez que preside una comisión de magistrados y fiscales a cargo de redactar el contenido del proyecto de reforma.
La iniciativa contempla además la posibilidad de abortar en el caso de riesgo para la salud mental y cuando el embarazo haya sido producto de una violación.
Aunque en la actualidad se permite el aborto en los casos de violación y cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre, el primero de los supuestos no se cumple en provincias conservadoras y por otro lado no están precisados cuáles son los casos de riesgo para la salud. El nuevo código busca rellenar esos vacíos.
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En sintonía con esta iniciativa, Macri dijo a periodistas que el aborto y otros temas como la educación sexual son debates “que se van a seguir sucediendo porque los argentinos estamos entendiendo qué significa vivir en democracia, donde tenemos que aprender a escuchar al otro”.
Según analistas, una buena parte del Senado y la Cámara de Diputados estarían de acuerdo con estas reformas. Sin embargo, integrantes del movimiento feminista insisten que Argentina debe legislar el aborto libre y gratuito para todos los casos.
La bióloga Andrea Zamparini, miembro del equipo de prensa de la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, manifestó ante The Associated Press su enojo porque “el Senado terminó siendo mucho más conservador de lo que pensábamos”.
Mientras que los senadores rechazaron el aborto por 38 votos contra 31 a favor, los diputados habían apoyado su legalización en una votación ajustada el 14 de junio. Macri había anunciado su disposición a promulgar la ley en el caso de que fuera aprobada pese a los pedidos de la Iglesia católica y grupos médicos conservadores de que la vetara.
“Claramente, nosotras vamos a volver a presentar esto en marzo del 2020… Vamos a poner presión social”, dijo Zamparini. Ese año se espera una renovación de los miembros del Congreso.
La legalización del aborto en Argentina podría tener resonancia en toda Latinoamérica, una región en la que la Iglesia Católica ha perdido influencia en los últimos años aquejada por escándalos como el de los abusos sexuales de curas a menores.
Activistas estiman que desde 1983 más de 3,000 mujeres murieron en Argentina por abortos clandestinos realizados con métodos rudimentarios. El Ministerio de Salud estimó en 2016 que en el país se realizaban hasta medio millón de abortos clandestinos cada año.
Argentina ha estado a la vanguardia de los movimientos sociales en la región en los últimos años. En 2010 se convirtió en la primera nación latinoamericana en legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo y, más recientemente, la campaña Ni Una Menos contra la violencia hacia las mujeres se convirtió en un fenómeno global.
México, Brasil, Uruguay y Ecuador organizaron el miércoles protestas en favor de la despenalización del aborto en Argentina.
En los últimos años, en la región proliferaron las iniciativas para aliviar o restringir la interrupción del embarazo. En Brasil se ha abierto recientemente el debate para legalizar el aborto y en Chile está permitido en algunos casos.
Uruguay, Guyana, Cuba y México (aunque sólo su capital) son los únicos en Latinoamérica que han legalizado el aborto. En Puerto Rico y en las Antillas y la Guayana francesas también se permite atendiendo a las legislaciones de Estados Unidos y Francia.
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