El Gobierno de Puerto Rico enfrenta un nuevo pleito legal, luego de que la Asociación de Alcaldes decidiera demandar por los recortes en las partidas que reciben del erario los municipios.
De acuerdo con la organización que reúne a los mandatarios municipales del Partido Popular Democrático, la acción de la administración de Ricardo Rosselló viola la Ley 80 de 1991, que dispone una aportación fija de 2.5 % de las rentas internas netas del Estado para el funcionamiento y los servicios que los 78 municipios ofrecen a los ciudadanos.
Actualmente, según Rolando Ortiz, presidente de la Asociación y alcalde de Cayey, la cantidad destinada a los ayuntamientos anualmente es de $175 millones, cuando antes ascendía de $227.5 millones.
“Cuando un ciudadano resiente la disminución de servicios como asfaltado de carreteras, limpieza de caminos, ayuda a instituciones sin fines de lucro o actividades deportivas, es importante que sepan que el Gobierno central ha estado consistentemente añadiendo obligaciones a los municipios y restándoles fondos”, declaró Ortiz.
Agregó que “nuestro planteamiento ante los tribunales es que, por un lado, se hacen recortes indiscriminados y, por otro lado, el país entero ve cómo se aumenta el presupuesto de la propia Oficina del Gobernador”.
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“La Ley Promesa es un elemento vital en este tema, y nuestro reclamo es que hay unos servicios vitales que hay que ofrecer a los ciudadanos. En una situación como la que vivimos, donde estamos luchando por la recuperación del país, tenemos que dar la batalla por la gente”, dijo el alcalde de San Lorenzo y vicepresidente de la organización, José Román Abreu.
Por otra parte, en una declaración escrita, los alcaldes sentenciaron que han sido consistentes en denunciar las dificultades que están viviendo los municipios por la lentitud en el pago de los reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y de las aseguradoras privadas.
Asimismo, en respuesta a la acción judicial de los alcaldes, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, comentó que los municipios deben reducir sus gastos operacionales para lograr efectividad.
“Los municipios tienen que hacer sus ajustes para ser más eficientes y muchos lo están haciendo. A nivel central, hemos reducido el 22 % de los gastos operacionales”, indicó.
Mientras, agregó: “Entendemos los retos fiscales de los municipios y les hemos dado la mano conforme a nuestra capacidad financiera”.
Al tiempo, defendió la gestión del gobernador: “Dentro de las limitaciones, el primer ejecutivo ha firmado legislación que les concede ayudas a los municipios y, en la actualidad, evalúa otras. Nos hubiera gustado recibir un Gobierno central con finanzas saludables, pero ese no fue el resultado luego de la gestión del partido de la Asociación de Alcaldes”.
