Asociación de Maestros no contempla irse a huelga

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz reiteró hoy que el gremio no contempla recurrir al mecanismo de la huelga en contra de las medidas del Departamento de Educación que incluyen el cierre de escuelas, la inminente implementación de la escuelas chárter y la incógnita que impera entre más de 2 mil maestros que aún no han sido reubicados ante la decisión de cerrar más de 260 planteles.

La AMPR celebró, durante la mañana de hoy, una asamblea extraordinaria en el Hotel Sheraton de San Juan para ratificar la afiliación con la American Federation of Teachers (AFT) y para el informe de Díaz.

“¿Por qué no hemos ido a huelga? Eso es lo que quieren porque están locos por decertificarnos…Las huelgas son excelentes cuando tenemos las de ganar, pero también puede ser un peligro”, puntualizó.

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Sin embargo, Díaz indicó que aunque por el momento no contemplan irse a huelga, no descartan el mecanismo como último recurso.

“La huelga en estos momentos no es el mecanismo para nosotros conseguir lo que necesitamos”, expuso Díaz en un aparte con los medios.

Díaz aseguró que seguirá ejerciendo presión en contra de las medidas que impulsa el gobierno, pero que de haber agotado todos los remedios los maestros deberán decidir si recurren a la huelga y poner en riesgo la certificación de la unión.

“En última instancia sería que le desestabilicen su unión, que se me queden maestros sin trabajo permanentes, todo eso lo tenemos que ir midiendo y analizando”, agregó.

La asamblea también contó con la participación de la presidenta de la AFT, Randi Weingarten y la congresista demócrata Nancy Pelosi.

Condena intentos de desafiliación

Díaz señaló que el gobierno y el Departamento de Educación —bajo la dirección de la secretaria Julia Keleher— tienen una campaña para que los maestros y maestras se desafilien de la AMPR. Según la sindicalista, el gobierno se ampara en la determinación del Tribunal Supremo federal en el caso de Janus que permite la desafiliación de un empleado público de una unión obrera.

“Janus no dice en ningún lugar que los maestros se pueden desafiliar. Aquí no se ha enmendado la ley para que eso ocurra, pero tienen la campaña”, indicó Díaz ante la matrícula de maestros que se congregaron en el salón de conferencias del Hotel Sheraton.

Díaz, en un aparte con la prensa, confirmó que una maestra del gremio se desafilió recientemente.

Asimismo, condenó el ofrecimiento por parte del gobierno de pagarle $75 diarios a los maestros que pinten sus salones previo al inicio de clases en agosto.

“Hoy tienen la desfachatez [en decir] que le van a pagar a los maestros que pinten sus salones de clases… ¡Indigno! […] Yo prefiero vender chinas o vender botellas de agua en la luz antes de coger un centavo porque eso es una humillación al magisterio mientras hay miles de maestros que no han cobrado su sueldo por errores del Departamento de Educación”, expuso.

Metro solicitó una reacción al Departamento de Educación.

Sigue la pugna en los tribunales

Díaz, además, comentó que esperan por el dictamen del Tribunal Supremo local sobre la constitucionalidad de las escuelas chárter y los vales educativos.

La líder magisterial sostuvo que anticipan que las expresiones del juez asociado Luis Estrella determinen el pronunciamiento del máximo foro judicial.

De acuerdo con Díaz, Estrella expresó que “las chárter podrían ser constitucionales siempre y cuando los maestros se mantengan como empleados públicos del Departamento de Educación”.

A su vez, aseguró que no se oponen a una reestructuración del sistema, pero temen que la implementación de las chárter pueda desencadenar en contratos dudosos.

En el 1994, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó —en el caso de Asociación de Maestros de Puerto Rico versus Secretario de Educación— la inconstitucionalidad de los vales educativos debido a que el programa sostenía indebidamente a escuelas privadas mediante fondos públicos.

Díaz también aseguró que contemplan acudir a los tribunales para otro caso que concierne una violación de derechos a los niños de educación especial. “Ese es un caso que estamos considerando llevarlo al tribunal federal”. Sin embargo, la portavoz magisterial, por instrucción de los abogados del gremio, no emitió más comentarios.