El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, junto con diversas organizaciones y representaciones de sindicatos, exigieron ayer al Gobierno de Puerto Rico que desista de intervenir en la relación que mantiene con las uniones.
“Nosotros hemos sido enfáticos en nuestro planteamiento ante el tribunal, que esto, más allá de una violación al deber de neutralidad, es una clara intervención indebida del Gobierno de Puerto Rico con las relaciones contractuales que los unionados tienen con sus organizaciones obreras”, apuntó la licenciada Mariana Iriarte, representante legal del sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT).
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Dicha organización, así como Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, la Unión General de Trabajadores y la Federación Central de Trabajadores, radicaron el pasado 13 de julio una demanda en contra del Gobierno en el Tribunal Superior, en la que solicitan un detente inmediato a lo que denunciaron como una “intromisión indebida” como patrono, luego de que, a través de un memorándum, el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra, y la directora de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (Oatrh), Nydza Irizarry, ordenaran a los directores y jefes de agencia consultar a los empleados sobre si deseaban o no continuar pagando la cuota por servicio que se cobra al empleado al estar afiliado a una unión y, por consiguiente, si deseaban o no continuar afiliados.
La controversia ha surgido luego de que el Tribunal Supremo decidiera que es inconstitucional el cobro de cargos por servicios a empleados públicos desafiliados de la unión o sindicato. El Colegio de Abogados y Abogadas, así como organizaciones sindicales, han señalado que el Gobierno se extralimitó en su interpretación y ha mantenido una intervención indebida.
El propio gobernador Ricardo Rosselló reconoció ayer en conferencia de prensa que la versión original del memorándum proponía la desafiliación automática de los miembros. “Era una salida automática (en referencia a la desafiliación del empleado), y si querías permanecer, tenías que optar por permanecer”, afirmó el gobernador. Luego de la denuncia presentada —que aún está en espera de una decisión del tribunal—, el Gobierno enmendó el memorándum.
“La posición inicial había sido una donde se hacía automático, salirse e de las uniones; ahora lo que se hace es que, si eres unionado y quieres permanecer así, no tienes que hacer nada, pero si en efecto, producto de la decisión de Janus, quieres salir, pues entonces hay una forma, un procedimiento para poder solicitar”, dijo el primer ejecutivo.
La decisión responde, aseguró, a que “es el nuevo estado de derecho. Tanto la secretaria de Justicia (Wanda Vázquez) como el secretario Saavedra han trabajado en la interpretación para facilitar ese mecanismo”, continuó, al tiempo que defendió que se estableció un procedimiento en el que aquellos empleados que quieran estar fuera de las uniones dentro del Gobierno, lo puedan hacer. Sobre si el Gobierno se está extralimitando en su acción, indicó que “eso está en el tribunal pendiente”.
La licenciada Iriarte explicó que “está la relación del Gobierno como patrono con el representante exclusivo, pero también está la relación contractual que existe entre los miembros de la organización obrera con sus sindicatos, así que, en ese sentido, cualquier proceso de desafiliación lo debería solicitar, en todo caso, el miembro a sus sindicatos, que es la organización obrera a la cual está afiliada. El Gobierno no tiene nada que ver en esta relación contractual”. La licenciada sostuvo que los formularios que han repartido son una clara intervención indebida en la relación contractual que los sindicatos tienen con sus miembros.
“Nuestro pedido es que no solamente paren la distribución, sino que, además, no pueden, de ninguna manera, proveer a los miembros un formulario escrito y formulado por ellos, sin ningún tipo de autorización de parte de la organización obrera con la que el miembro tiene la relación contractual”, apuntó.
