El más reciente informe del Comité del Reto Demográfico de la Junta de Planificación reafirma lo que se ha conocido por décadas; el porcentaje escandalosamente alto de cesáreas que se realizan en Puerto Rico.
En las últimas décadas, en Puerto Rico se ha registrado un aumento en los nacimientos por cesárea. Según las estadísticas del Departamento de Salud, para 1980 la tasa de cesáreas era de un 18.2 %. De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, en 2010, el 46.3 % de los alumbramientos en nuestra isla fueron mediante cesárea. En 2007, se alcanzó lo que hasta ahora es la tasa más alta registrada: un 49.2 % de nacimientos por la vía quirúrgica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado como aceptable una tasa de un 10-15 %, lo que coloca a Puerto Rico más de tres (3) veces sobre ese nivel. Lo más alarmante es que, según el Departamento de Salud, 55 % de las cesáreas realizadas aquí no tienen ninguna justificación médica, y 77 % de las mujeres sometidas a esa cirugía nunca presentaron factores de riesgo en sus embarazos.
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Para atender el problema presenté en marzo del año pasado el Proyecto del Senado 363. Esta medida propone que los médicos preparen, mantengan y publiquen un registro estadístico, accesible a través de la red cibernética, sobre la cantidad de partos que realizan mediante procedimiento natural versus los partos por cesárea, así como la cantidad de partos inducidos. Al imponer la obligación de divulgar y justificar las cesáreas se persigue que cada obstetra utilice exclusivamente criterios clínicos para realizar esas intervenciones, además de hacer accesible tal información a las futuras madres para que puedan tomar decisiones bien fundamentadas.
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La resistencia que en el pasado han exhibido algunos proveedores de salud ante esta propuesta debe contrastarse frente al derecho de las mujeres a recibir información clara sobre una de las más importantes determinaciones médicas que tomarán en su vida. Considerando en particular el número de cesáreas que se realizan en nuestro país, no hay justificación para negarles a las mujeres puertorriqueñas, como consumidoras de un servicio de altísima importancia social y personal (y de un costo considerable) acceso a los datos sobre la práctica de la obstetricia del médico con el que contratarán para atender su embarazo y parto. Se trata, además, de movilizar al país hacia las tendencias de transparencia en el cuidado médico que ya prosperan en otras jurisdicciones.
Con el ánimo de proveer información que refleje las variantes propias del proceso de parto, los datos a publicarse tomarán en cuenta los niveles de riesgo reconocidos en la práctica general de la obstetricia e incluirán datos como tiempo de gestación, condiciones médicas y cesáreas previas.
Al final del camino, lo determinante es el derecho de la mujer a tomar una determinación informada sobre su tratamiento médico y su proveedor de servicios. Nadie puede oponerse a ese derecho, mucho menos la comunidad médica que, ante los recientes datos, confío en que serán los principales promotores de esta iniciativa.
*Este escrito solo representa el sentir del autor
