La Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (Aprum) presentó ayer una moción para intervenir en la demanda presentada por el gobernador en contra de la Junta de Control Fiscal, que fue creada bajo la Ley Promesa por el congreso de los Estados Unidos.
La APRUM establece que la decisión que emita la jueza Laura Taylor Swain en el pleito iniciado por el ejecutivo afectará directamente la demanda que, hace un año (julio de 2017), la Aprum presentó ante el tribunal del Título III de Promesa.
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La Aprum, representada por Rolando Emmanuelli Jiménez, Yasmin Colón Colón y Jessica E. Méndez Colberg, impugna la legalidad de los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) consignados en el presupuesto impuesto en julio de 2017 y, nuevamente, en el de 2018.
La Aprum argumenta que la Junta de Control Fiscal no puede violar las leyes vigentes en Puerto Rico ni legislar a través del plan fiscal.
La demanda de la Aprum fue enmendada en mayo de 2018, luego de una pausa establecida por las partes hasta que culminara el proceso de certificación de los planes fiscales tras los huracanes Irma y María.
La demanda enmendada establece que los recortes a la UPR son ilegales, ya que la legislación vigente (leyes 66-2014, vigente hasta el 1 de julio de 2017, y 3-2017 fija el presupuesto de la institución en 834 millones anuales).
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La demanda incluye como alegación que el presupuesto aprobado en 2017, así como el de 2018, no pueden contravenir el proceso requerido para cambiar una ley. Plantea, además, que la Junta de Control federal tampoco tiene la facultad para legislar, argumento en sintonía con la demanda del gobernador que se verá en corte el próximo miércoles 25 de julio.
“El 25 de julio tiene un significado especial, ya que une tres fechas decisivas: en 1898, el ejército de los Estados Unidos invadió nuestras tierras; en 1952, el Congreso norteamericano reconoció el ELA; y el próximo miércoles, una corte dictaminará si la ley federal puede establecer su control antidemocrático y absoluto sobre el gobierno local”, señaló el doctor Marcel Castro Sitiriche.
Agregó que “en estos momentos, el pueblo tiene que unirse en contra de la injusticia que nos imponen y los atropellos a la democracia y a nuestra voluntad en las urnas. En este asunto tiene que sumarse todo el pueblo, independientemente de su ideología, de su partido y de sus creencias, pues intentamos proteger la democracia”.
La demanda radicada por la Aprum defiende la protección de la UPR como servicio esencial y ahora exige que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso, de modo que pueda garantizarse la continuidad de los servicios educativos y su impacto positivo como motor de vitalidad económica y movilidad social, en especial para las comunidades y sectores más vulnerables del país.
