Un grupo de residentes de las comunidades del caño Martín Peña, encabezados por líderes del G-8, se manifestaron frente a las oficinas del Cuerpo de Ingenieros para repudiar que en dos oportunidades se negaran los fondos para construir el dragado del caño, prolongando los problemas de salud pública e inundaciones con aguas usadas.
“Desde hace años hemos recibido en nuestras comunidades a los más altos funcionarios del Cuerpo Ingenieros y de oficinas del Gobierno Federal, quienes han visto de primera mano la urgencia de dragar el Caño Martín Peña para la comunidad y la ciudad. Dejarnos fuera de dos oportunidades asignación de fondos para viabilizar su construcción no fue un acto de desconocimiento, sino uno calculado y totalmente discriminatorio en contra de todos los que residimos en estas comunidades”, señaló Lucy Cruz Rivera, presidenta del G-8.
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El Cuerpo de Ingenieros asignó 2,500 millones de dólares a diversos proyectos de infraestructura de protección contra inundaciones y dejó fuera el dragado del caño por catalogar el proyecto como uno de restauración ecológica.
Asimismo, por segundo año consecutivo, tuvo la oportunidad de llevar a construcción un proyecto de restauración ecológica y pasó por alto el dragado, asignándole 849,000 para continuar el diseño, afirmaron los manifestantes.
“Estamos cansados de que se nos siga pasando por alto y que se nos invisibilice. Al momento de poner dinero, siempre encuentran algo que para ellos es más importante. Aquí lo que hace falta es llevar las palabras a la acción. Exigimos al Gobierno de Puerto Rico que no desperdicie las otras oportunidades que han surgido tras el huracán María”, declaró Evelyn Quiñones Ortiz, vicepresidenta del G-8.
En 2007, el Congreso autorizó el proyecto como uno de protección contra inundaciones y restauración ambiental.
El estudio de viabilidad priorizó los beneficios ambientales y reconoció los de protección contra inundaciones.
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Algunos funcionarios han propuesto cambiar la categoría del proyecto, “pero resulta incierto si ello requerirá hacer modificaciones al estudio de viabilidad y declaración de impacto ambiental, o al concepto de diseño, lo que puede afectar el plan de trabajo y el resultado final”, dijo Quiñones Ortiz.
Mario Núñez Mercado, líder comunitario, hizo un llamado al gobierno “para que asegure la asignación de fondos CDBG-DR a la Corporación del Proyecto Enlace para que se puedan implantar los proyectos de infraestructura y vivienda cruciales para el dragado. Esta es la oportunidad de esta administración para demostrar que su palabra y compromiso con las comunidades del caño Martín Peña va más allá de una firma. Es momento que se engrandezca y asegure fondos para viabilizar nuestro plan de desarrollo integral”.
El estado del caño amenaza la salud y seguridad de los residentes y otras áreas adyacentes y afecta seriamente al resto del estuario de la bahía de San Juan.
El dragado ayudará a proteger infraestructura crítica para el país, como el aeropuerto Luis Muñoz Marín, y proveerá nuevas oportunidades de desarrollo económico y turismo, para beneficio de todos y todas en Puerto Rico, declararon los portavoces.
Ayer, líderes del G-8 se reunieron con Omar Marrero, director de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, en torno a la importancia de que el proyecto Enlace del caño Martín Peña se incorpore en los planes gubernamentales como un modelo de recuperación de desastres integral.
