Luego de una investigación que incluyó la participación de diversos componentes de la comunidad incluyendo a la Asociación de Maestros, el Comité Timón del Pleito de Clase de Rosa Lydia Vélez, numerosos padres y madres de estudiantes del sistema público y la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, la Comisión de Derechos Civiles –CDC- concluyó que el proceso llevado a cabo por el Departamento con relación al cierre de escuelas lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público. “Tras realizar cuatro audiencias públicas concluimos que el proceso de cierre de escuelas fue uno desorganizado y sin la participación y orientación de los componentes de las comunidades escolares. Esto es, a los y las estudiantes, a los padres madres y encargados, al personal docente, no docente y administrativo y a la comunidad en general”, señaló la presidenta del organismo público, Georgina Candal Segurola, al añadir que en el proceso no se consideraron las necesidades del estudiantado, ni se dio un peso adecuado al criterio de aprovechamiento académico, además de que se violentaron los derechos de los y las estudiantes de educación especial al no proveer la participación de sus padres, madres o encargados en el cambio de ubicación afectando así su proceso educativo. En su informe, la Comisión recalcó que el Departamento de Educación incumplió la responsabilidad básica que tiene de que sus decisiones tomen en cuenta los intereses particulares de las comunidades y personas afectadas por sus acciones y de asegurar que las decisiones estén sustentadas por un peritaje articulado y después de llevar a cabo un proceso deliberativo democrático. El mencionado informe, también incluye varias recomendaciones como el establecimiento de una moratoria de un año que permita un proceso ordenado mediante el cual se consideren las opiniones de los miembros de la comunidad escolar, incluyendo al estudiantado, a los padres y madres de estudiantes, a las maestras y maestros, al personal administrativo y al no docente, a la comunidad y a los alcaldes y alcaldesas en las determinaciones de qué planteles escolares deben cerrarse, cómo y cuándo se llevarán a cabo los mismos. “La CDC presenta el informe sobre ‘El Cierre de las Escuelas por el Departamento de Educación’ en protección a los derechos humanos, a la educación de los niños y niñas de Puerto Rico y al derecho a la participación en asuntos públicos que tienen los ciudadanos”, apuntó la otrora jueza Superior en declaraciones escritas. El mismo surge tras una investigación realizada por la Comisión luego de recibir una querella de parte de la Asociación de Maestros de Puerto Rico que dirige Aida Díaz.
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