El Departamento de Educación informó hoy que recibió el informe sobre el cierre de escuelas de la Comisión de Derechos Civiles (CDC).
La agencia indicó que el documento está siendo evaluado, lo que nos impide hacer expresiones “específicas” sobre su contenido.
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Sin embargo, expuso que en el momento en que el Departamento de Educación compareció ante la Comisión, “la posición del organismo con respecto a la controversia ya era clara. Aún así, la agencia expuso sus argumentos”.
Sobre la controversia, Educación se reafirmó en que “ha estado implementando los procesos de transformación de acuerdo al plan y la logística que se había establecido a la luz de la realidad fiscal, de las necesidades de mejorar las condiciones y el ambiente académico y de optimizar el uso eficiente de los recursos del sistema”.
“El proceso estuvo basado en datos que fueron ponderados y respondió a la necesidad urgente de atender la consistente reducción en la matrícula que había producido una considerable despoblación de los planteles escolares”.
Asimismo, la agencia aseguró que “ha trabajado con sensibilidad para hacer ajustes en algunas determinaciones en las distintas etapas de la implementación de los procesos”.
El informe realizado, surge luego de una investigación que incluyó la participación de diversos componentes de la comunidad incluyendo a la Asociación de Maestros, el Comité Timón del Pleito de Clase de Rosa Lydia Vélez, numerosos padres y madres de estudiantes del sistema público y la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, la CDC concluyó que el proceso llevado a cabo por el Departamento con relación al cierre de escuelas lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público.
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“Tras realizar cuatro audiencias públicas concluimos que el proceso de cierre de escuelas fue uno desorganizado y sin la participación y orientación de los componentes de las comunidades escolares. Esto es, a los y las estudiantes, a los padres madres y encargados, al personal docente, no docente y administrativo y a la comunidad en general”, señaló la presidenta del organismo público, Georgina Candal Segurola, al añadir que en el proceso no se consideraron las necesidades del estudiantado, ni se dio un peso adecuado al criterio de aprovechamiento académico, además de que se violentaron los derechos de los y las estudiantes de educación especial al no proveer la participación de sus padres, madres o encargados en el cambio de ubicación afectando así su proceso educativo.
En su informe, la Comisión recalcó que el Departamento de Educación incumplió la responsabilidad básica que tiene de que sus decisiones tomen en cuenta los intereses particulares de las comunidades y personas afectadas por sus acciones y de asegurar que las decisiones estén sustentadas por un peritaje articulado y después de llevar a cabo un proceso deliberativo democrático.
El mencionado informe, también incluye varias recomendaciones como el establecimiento de una moratoria de un año que permita un proceso ordenado mediante el cual se consideren las opiniones de los miembros de la comunidad escolar, incluyendo al estudiantado, a los padres y madres de estudiantes, a las maestras y maestros, al personal administrativo y al no docente, a la comunidad y a los alcaldes y alcaldesas en las determinaciones de qué planteles escolares deben cerrarse, cómo y cuándo se llevarán a cabo los mismos.
“La CDC presenta el informe sobre ‘El Cierre de las Escuelas por el Departamento de Educación’ en protección a los derechos humanos, a la educación de los niños y niñas de Puerto Rico y al derecho a la participación en asuntos públicos que tienen los ciudadanos”, apuntó la otrora jueza Superior en declaraciones escritas.
El mismo surge tras una investigación realizada por la Comisión luego de recibir una querella de parte de la Asociación de Maestros de Puerto Rico que dirige Aida Díaz.
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