El caso que lleva la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) contra el Departamento de Educación por la reforma educativa, en particular las escuelas chárter y vales educativos, permanece en manos del Tribunal Supremo.
Si bien en el pasado el Tribunal Supremo determinó que los vales educativos eran inconstitucionales, para el abogado constitucionalista Carlos Ramos, la determinación podría cambiar.
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Esto ya que actualmente la composición del Tribunal es diferente a la que existía en aquella época. “La opinión de hace unos años resolvió inconstitucionalidad porque se estaban usando fondos privados, sin embargo, eso no impide, que es lo que ha hecho la Legislatura, que se intente que los vicios de inconstitucionalidad se corrijan”, dijo a Metro el constitucionalista.
Señaló además que “el Tribunal Supremo su composición es distinta y es muy posible que como ahora hay jueces y juezas diferentes interpreten la ley de una manera distinta”. De hecho, recordó que en aquel momento la posición de ese foro judicial no fue unánime.
“No me extrañaría que la nueva mayoría del Tribunal Supremo revoque aquel caso en algunas de sus partes”, resaltó Ramos.
Señaló que el Tribunal puede revocar la determinación anterior “si ven ahora el issue de forma distinta”.
La resolución que paraliza la determinación del Tribunal de Primera Instancia para que el Supremo vea el caso establece que las partes tienen cinco días para que se expresen sobre los tres señalamientos de error y los argumentos esbozados en la petición de certificación intrajurisdiccional.
Por su parte, la presidenta de la AMPR, Aida Díaz, se expresó confiada ante la resolución en el caso de las escuelas chárter.
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“Nadie puede obviar las contundentes expresiones del juez asociado Estrella Martínez, quien declaró sobre la plenitud del derecho fundamental a la educación que tienen los estudiantes. Una de las expresiones catalogó de irregular el proceso realizado por el Departamento de Educación en el cierre de las escuelas, y citamos: ‘Claro está, al igual que la controversia de los cierres de escuelas públicas, la búsqueda de esa ruta no puede afectar garantías individuales y principios constitucionales’. “En ese ámbito, están en peligro garantías de padres, madres y estudiantes de escuelas cerradas en un proceso irregular”, explicó Díaz.
La sindicalista también destacó que otra de las expresiones hace la advertencia de que las escuelas chárter no pueden implantarse violándole los derechos al magisterio.
Díaz y los abogados de la AMPR se mantienen en su posición de que el modelo chárter establecido en la Ley 85 viola el derecho fundamental a la educación de nuestros estudiantes consignado en la Constitución y “haremos todo lo que esté a nuestro alcance para demostrar que es inconstitucional”.
Sobre los tantos casos de fraude que se han visto en Estados Unidos por administradores de escuelas chárter, la presidenta de la AMPR hizo un llamado a la secretaria de Educación, Julia Keleher, para que diga de una vez las empresas que podrían estar a cargo de las escuelas alianzas.
“Aprovechamos la oportunidad para insistir en que la secretaria Keleher deje de esconderle al país los nombres de las entidades privadas a quienes le quiere entregar los fondos públicos de la educación de los niños. El pueblo tiene derecho a saber quiénes son esos mercaderes que quieren lucrarse a costa del sufrimiento de los niños. Ya se ha corrido el velo corporativo que demuestra que empresas con fines de lucro se disfrazan de entidades sin fines de lucro, para apoderarse de los millonarios fondos públicos destinados para la educación. De ese esquema repudiable y que el Gobierno debería distanciarse, llueven los ejemplos y los escándalos en la prensa norteamericana”, sentenció.
