Tribunal Supremo analiza caso de las escuelas chárteres

El Tribunal Supremo paralizó el viernes la sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la reforma educativa

Por Lyanne Meléndez García

El caso que lleva la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) contra el Departamento de Educación por la reforma educativa, en particular las escuelas chárteres y vales educativos, está en manos del Tribunal Supremo.

Esto luego de que el pasado viernes, el máximo foro paralizara la determinación de inconstitucionalidad que hizo el Tribunal de Primera Instancia. 

En una resolución firmada por el juez Ernesto Dávila Rivera, secretario del Supremo, se declaró con lugar a las peticiones del gobierno en la que solicitó la paralización de la sentencia de Primera Instancia.

“Se paraliza la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, se expide el recurso y se ordena al Tribunal de Apelaciones que a la brevedad posible remita a la Secretaría de este Tribunal los autos originales o una copia certificada de los mismos en el caso”, expone la orden.

El Supremo concedió a las partes un término de cinco días laborables para que se expresen sobre los tres señalamientos de error y los argumentos esbozados en la petición de certificación intrajurisdiccional.

Mira la resolución:

Resolución TSupremo chárteres by Metro Puerto Rico on Scribd

La resolución ocurre luego de que el Departamento de Justicia y la Oficina del Procurador General presentaron ante el Tribunal Supremo un recurso de certificación para revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró inconstitucional varias disposiciones de la reforma educativa, entre ellas las escuelas chárter y los vales educativos.

La decisión fue informada por el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, quien comentó que “muchos de nuestros niños y niñas llevan décadas sin recibir la educación pública de excelencia que merecen. Es lamentable que, en muchas instancias y en todo Puerto Rico, se limite la educación de excelencia a estudiantes cuyos padres tienen recursos económicos para pagar una escuela privada”.

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