Miles de personas marcharon hoy por las calles de Santo Domingo para exigir que el Congreso despenalice del aborto en ciertas circunstancias, tal como lo ha pedido el poder Ejecutivo.
República Dominicana es uno de los pocos países que prohíben de forma total la interrupción del embarazo y mantienen penas de cárcel a las mujeres que se practiquen un aborto y los médicos que las asistan, aunque rara vez se aplican.
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Con pancartas con leyendas como “Por el derecho a la vida, salud sexual y reproductiva”, los manifestantes salieron de la sede del gremio médico y corearon consignas durante su recorrido hasta el Congreso Nacional. “Mi cuerpo es mío, yo soy la que paro, yo soy la que decido”, cantaban muchas de las mujeres que participaban en la marcha, a la que también asistieron legisladores de partido gobernante y de la oposición.
“Ya es hora de que este país se incluya dentro de aquellos que han despenalizado el aborto en alguna circunstancia”, dijo Milosis Liriano, vocera de una de las más 80 organizaciones que convocaron la marcha. Recordó que el Código Penal, que prohíbe toda forma de aborto, data de 1844 y el Congreso discute su eventual modernización.
A través de un comunicado que se leyó durante la protesta, las organizaciones que convocaron la marcha consideraron que la prohibición del aborto no impide que miles de mujeres interrumpan los embarazos de manera clandestina y en condiciones insalubres, poniendo en riesgo sus vidas.
Los manifestantes demandan que el Congreso bicameral incluya en la reforma al Código Penal, que ha estado en discusión durante los últimos 20 años, la despenalización del aborto cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer, en caso de violación o cuando el embrión sea inviable.
De acuerdo con una encuesta difundida recientemente por organizaciones de derechos humanos, 79% de la población está de acuerdo con la despenalización del aborto cuando se presente alguno de esos tres casos, conocidos popularmente como “las tres causales”.
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La despenalización del denominado aborto terapéutico ya había sido aprobada en el Congreso por solicitud del presidente Danilo Medina en 2014 como parte de la reforma del Código Penal, pero poco antes de que entrara en vigencia fue anulada por la Tribunal Constitucional a solicitud de diversos grupos religiosos.
En los años siguientes, el Congreso ha aprobado en dos ocasiones el nuevo Código Penal, manteniendo la prohibición total del aborto, pero el Ejecutivo lo ha vetado.