La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, se expresó confiada ante la resolución del Tribunal Supremo en el caso de las escuelas charter, que detuvo la decisión de inconstitucionalidad emitida por el Tribunal de Primera Instancia.
“Aunque algunos medios de comunicación destacan la paralización de la inconstitucionalidad de las charters, nadie puede obviar las contundentes expresiones del juez asociado Estrella Martínez quien declaró sobre la plenitud del derecho fundamental a la educación que tienen los estudiantes. Una de las expresiones catalogó de irregular el proceso realizado por el Departamento de Educación en el cierre de las escuelas, y citamos: ‘Claro está, al igual que la controversia de los cierres de escuelas públicas, la búsqueda de esa ruta no puede afectar garantías individuales y principios constitucionales’. “En ese ámbito, están en peligro garantías de padres, madres y estudiantes de escuelas cerradas en un proceso irregular”, explicó Díaz.
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La sindicalista también destacó que otra de las expresiones hace la advertencia de que las escuelas charters no pueden implantarse violándole los derechos al magisterio.
“Las advertencias son claras cuando dicen: ‘en el eventual camino de la implantación no pueden afectarse los derechos de las escuelas públicas existentes que sean certificadas como Escuelas Públicas Alianzas. El balance de intereses así lo exige’. “Además, más adelante en la sentencia, recuerda que la entidad privada tendría que administrar la escuela como pública y no como privada y anticipa nuevas controversias si se violan esos requisitos operacionales. En cuanto a los empleados públicos de esas escuelas ‘heredadas’ establece que no pueden estar expuestos a perder su interés propietario en sus empleos públicos y convertirse en empleados privados de esa entidad. Los derechos adquiridos que garantiza la Ley 85-2018 a los maestros incluyen su Convenio, su permanencia, el retiro, la jornada laboral, el proceso de reclutamiento a través del registro de elegibles, su salario básico, la certificación, entre otros, y no cederemos ninguno. De eso se trata nuestra lucha, mejores condiciones de empleo para el mayor aprendizaje posible en los estudiantes”, añadió Díaz.
La Dra. Díaz y los abogados de la AMPR se mantienen en su posición de que el modelo charter establecido en la Ley 85 viola el derecho fundamental a la educación de nuestros estudiantes consignado en la Constitución y “haremos todo lo que esté a nuestro alcance para demostrar que es inconstitucional”.
Sobre los tantos casos de fraude que se han visto en Estados Unidos por administradores de escuelas charters, la presidenta de la AMPR hizo un llamado a la secretaria de Educación, Julia Keleher, para que diga de una vez las empresas que podrían estar a cargo de las escuelas alianzas.
“Aprovechamos la oportunidad para insistir en que la secretaria Keleher deje de esconderle al país los nombres de las entidades privadas a quienes le quiere entregar los fondos públicos de la educación de los niños. El pueblo tiene derecho a saber quiénes son esos mercaderes que quieren lucrarse a costa del sufrimiento de los niños. Ya se ha corrido el velo corporativo que demuestra que empresas con fines de lucro se disfrazan de entidades sin fines de lucro, para apoderarse de los millonarios fondos públicos destinados para la educación. De ese esquema repudiable y que el Gobierno debería distanciarse, llueven los ejemplos y los escándalos en la prensa norteamericana”.
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Critican movimientos de maestros
A sólo tres semanas de que comience el nuevo curso escolar, la secretaria Keleher continúa insistiendo en un proceso de matrícula en línea inaccesible para muchos padres de los niños de las escuelas públicas.
“En Puerto Rico, el magisterio sabe que la mayoría de los estudiantes son de escasos recursos y muchos no tienen internet, ni saben manejar la tecnología. Además, son más de 100 las escuelas cuyos padres radicaron demandas por el cierre injustificado y arbitrario de las escuelas de sus hijos. Con sólo leer los cientos de comentarios de padres que escriben en el Facebook del DE relacionados con la matrícula en línea, queda demostrado el fracaso de un proceso sistematizado, que nos parece necesario, pero que su implantación no ha sido adecuada, limitando el acceso a la matrícula a miles de niños en Puerto Rico”, indicó Grichelle Toledo, secretaria general de la Local Sindical de la AMPR.
Ante el cuadro irreal del número de estudiantes matriculados al presente, cuando la Secretaria ha aceptado para el récord, que el uso y costumbre es que miles de padres esperan hasta agosto para matricular a sus hijos, Toledo aseguró que “la Secretaria está moviendo los recursos a ciegas, improvisando, como si fuera un juego de fichas. Ella obvia que el magisterio tiene derechos y no vamos a cederlos. Un ambiente laboral sano es de beneficio para los estudiantes. ¿Por qué Keleher insiste en crear caos e incertidumbre entre los maestros? Que lo explique”, dijo Toledo.
Para enfrentar esos atropellos, la AMPR radicó un cargo de práctica Ilícita contra la Secretaria Keleher y la CASP emitió querella, y ha solicitado la posición del sindicato con prontitud. Además, la AMPR quiere que el magisterio sepa que se están procesando querellas individuales a maestros afectados por ubicación. Los maestros que entiendan que le han violado sus derechos, deben enviar su nombre completo, nombre de la escuela y municipio, teléfono, correo electrónico y una breve narración de la situación al siguiente email: miguel.cortes@amprent.org
“Le recordamos al magisterio que las querellas son basadas en el Convenio entre la AMPR y el DE. Hoy más que nunca, se confirma la importancia de la AMPR en haber ganado la elección sindical para ser el representante exclusivo y haber negociado un Convenio que es un instrumento de lucha en la defensa de los derechos del magisterio”, puntualizó Toledo.
