El poder que ejerce el Congreso de Estados Unidos sobre los territorios le otorga la potestad de establecer la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sin interferir con la cláusula de nombramientos de la Constitución, decidió hoy la jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende la bancarrota de Puerto Rico, al desestimar una demanda del fondo de inversiones Aurelius.
“El tribunal considera que la Junta de Supervisión es un instrumento del territorio de Puerto Rico, establecido de conformidad con las facultades plenarias del Congreso en virtud del Artículo IV de la Constitución”, determinó.
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En su decisión de 30 páginas, Taylor Swing concluyó que los miembros de la JSF “no son oficiales de Estados Unidos que deben ser nombrados de conformidad con el mecanismo establecido para tales funcionarios”.
Al legitimar el método seguido por el Congreso con la legislación Promesa, la jueza federal rechazó el reclamo de estos acreedores de Puerto Rico de que los integrantes de la JSF sean funcionarios estadounidenses, por lo que no se transgrede la cláusula de nombramientos.
En su moción para desestimar la petición, Taylor Swain indicó que, al amparo del Artículo IV de la Constitución de Estados Unidos, durante mucho tiempo su poder plenario para estructurar y definir entidades gubernamentales para la Isla.
En este sentido, dijo, el Congreso federal tiene un papel dual con respecto a los territorios, como legislatura nacional y legislatura local del territorio.
De haberle concedido el reclamo a Aurelius, se hubiera cancelado la reestructuración de la deuda pública de 73 mil millones de dólares, que tiene a Puerto Rico en la bancarrota ante su incapacidad de pagarla.
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La JSF de siste miembros, que preside el empresario de seguros puertorriqueño José B. Carrión III, fue nombrada hace dos años por el Congreso y la Casa Blanca, bajo la presidencia de Barack Obama, por lo que el demandante argumentaba que se trataba de funcionarios de Estados Unidos.
Al aprobar la legislación Promesa, el Congreso estadounidense pareció cuidarse en este sentido y hasta el presupuesto de la JSF, que asciende en este momento a 60 millones de dólares anuales, lo paga el pueblo puertorriqueño.
La función del organismo es controlar las finanzas públicas, tratar de reducir la estructura del gobierno isleño y hacer posible el pago a los acreedores de Puerto Rico.
La jueza Taylor Swain concluyó que el Congreso de Estados Unidos tiene poder plenario para establecer instituciones gubernamentales en sus territorios, distintas de las federales y sin cumplir con las exigencias constitucionales, tal como lo ha hecho con Puerto Rico a lo largo de 120 años de dominación colonial.
Aclaró, además que incluso ha delegado elementos de su autoridad plenaria del Artículo IV al pueblo puertorriqueño, al autorizar un grado significativo de gobierno propio.
Tras la determinación del tribunal federal defendiendo la constitucionalidad de la JSF, el ente federal indicó que “acogemos la opinión rigurosa y bien razonada de la jueza Swain donde sostiene que el Congreso no estuvo restringido por la Cláusula de Nombramientos cuando creó la Junta de Supervisión y por lo tanto los nombramientos de la Junta son constitucionales. Según se expone en la opinión de la jueza Swain, PROMESA otorga poderes a la Junta de Supervisión para ‘aprobar los planes fiscales y presupuestos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades’ y ‘supera las acciones ejecutivas y legislativas del Gobierno de Puerto Rico que sean inconsistentes con los planes fiscales y presupuestos aprobados’”. “La Junta de Supervisión permanece comprometida con continuar este trabajo tan importante para lograr el mandato de PROMESA de restaurar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados para Puerto Rico”.
