La designada procuradora de la Mujer, Lersy Boria, dijo hoy en una vista pública en la que se evalúa su nombramiento que aún no ha leído el informe del caso de hostigamiento sexual ocurrido en la Compañía de Turismo.
Boria, quien lleva seis días en el puesto, afirmó que está en el proceso de transición con todos los asuntos relacionados a la oficina que hoy dirige. Agregó que Carmen Lebrón, exprocuradora, ha “suspendido” las reuniones para atender el cambio de mando.
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“Yo llegué el lunes pasado a la Oficina de la Procuraduría, solicité una transición como en todo proceso con la señora Lebrón. La señora Lebrón ha tenido que suspender las reuniones con esta servidora para la transición, así que al día de hoy no he tenido acceso al informe”, indicó.
Asimismo, Boria se defendió luego de que senadores del Partido Popular Democrático señalaron que despidió a empleados de confianza de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, luego de que remitieron el informe de hostigamiento sexual en Turismo a la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia.
Según Boria, prescindió de los puestos de confianza porque es el derecho de “cualquier patrono”.
Varios senadores del Partido Nuevo Progresista dijeron en la vista pública que votarán a favor de Boria, incluyendo el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz.
De hecho, Rivera Schatz afirmó que tenía interés de confirmarla el jueves, pero fue la Fortaleza quien le pidió que lo atendiera en agosto, por no estar incluido este asunto en el calendario de la sesión extraordinaria.
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“Yo quería nombrarla a usted el jueves, pero no lo puedo hacer. Ella está equivocada [una funcionaria de Fortaleza] como frecuentemente ocurre allí”, soltó. Mientras agregó: “Últimamente se irritan con facilidad [los funcionarios de Fortaleza], yo buscaré los votos para que usted sea la procuradora de la mujer”.
Hace unos días, la exprocuradora Lebrón dijo en conferencia de prensa que José Izquierdo, exdirector de la Compañía de Turismo, hostigó sexualmente a tres exfuncionarias de dicha agencia. De acuerdo a Lebrón, Alfonso Orona, asesor legal del gobernador Ricardo Rosselló y Christian Sobrino, representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, sabían sobre la situación y no actuaron.
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