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Firme la Junta con su presupuesto aprobado

La Junta de Control Fiscal reaccionó a la demanda presentada por los presidentes legislativos en contra del ente federal.

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La Junta de Control Fiscal reaccionó a la demanda presentada por los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Jhonny” Méndez, asegurando que defenderán el presupuesto que aprobaron y certificaron para el Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2019.

En declaraciones escritas, la JCF indicó que se “aprobó y certificó un presupuesto para el Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2019 en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado”.

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El ente federal creado por la Ley PROMESA, agregó que defenderán “enérgicamente contra cualquier demanda que intente frustrar la ejecución del Presupuesto y el Plan Fiscal”.

El pasado 5 de julio el Gobierno de Puerto Rico presentó la demanda contra la JCF, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). En el documento de 361 páginas el Gobierno pide a Swain que determine quién tiene el poder sobre la política pública en la Isla, esto luego de que la JCF certificara su propio presupuesto al no derogarse la Ley 80.

Por su parte Rivera Schatz y Méndez Núñez indican en su demanda que el propio Tribunal Federal estableció que el Congreso “no le otorgó a la JSF el poder de suplantar, eludir o reemplazar a los líderes electos de Puerto Rico al igual que a las personas designadas en el ejercicio de sus funciones gerenciales, siempre que la JSF considere que tal cambio es conveniente”.

Se desprende de la demanda que la JSF “se excedió en su autoridad al intentar obligar a la Cámara de Representantes y al Senado a aprobar un proyecto de ley que derogaría retroactivamente la Ley 80 como condición para aprobar el presupuesto. Sin embargo, como establece la sección 205 de la Ley PROMESA sobre la recomendación de política pública, Rivera Schatz radicó por petición de la JSF el Proyecto del Senado 1011, a través del cual, entre otras cosas, se proponía derogar la Ley 80. Sin embargo, según la demanda, esta sugerencia de la Junta “no tiene ninguna relación con ‘lograr responsabilidad y acceso a los mercados capitales’ “lo que es uno de los propósitos del Congreso con la aprobación de PROMESA.

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