Economía

Swain verá demanda del Gobierno a la Junta de Control Fiscal el 25 de julio

A finales de esta semana la Junta de Control Fiscal debe responder la demanda

Tribunal Thinkstock (Micha? Chodyra/Getty Images/iStockphoto)

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La jueza federal Laura Taylor Swain concedió la moción del gobernador Ricardo Rosselló en la que sugería un calendario para ver su demanda contra la Junta de Control Fiscal (JCF).

Swain determinó que los argumentos orales se llevarán a cabo el 25 de julio, fecha en la que ya había pautada una vista ómnibus en el Tribunal Federal en Hato Rey.

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El representante del Gobierno ante la Junta, Christian Sobrino, precisó que la jueza Swain destacó la inmediatez con la que se debe atender la demanda a aprobar la moción del Gobierno. “Nosotros estamos solicitando que la controversia se atendiera lo más antes posible, que se pudiera posiblemente e incluso estar listos para argumentar frente a la jueza en la vista que está pautada para el 25 de julio, y que la Junta tuviese que responder a la demanda para el 12 de julio”, precisó el funcionario.

Sobrino expresó que “la Junta lo que pidió era un calendario más dilatado, donde esencialmente el 25 de julio es que íbamos quizás a decidir cuál era el calendario”. Este agregó que el ente creado por la Ley Promesa quería más tiempo para investigar y descubrimiento de prueba.

Presentación de demanda

El pasado 5 de julio el Gobierno de Puerto Rico presentó la demanda contra la Junta de Control Fiscal (JCF), a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). En el documento de 361 páginas el Gobierno pide a Swain que determine quién tiene el poder sobre la política pública en la Isla, esto luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) certificara su propio presupuesto al no derogarse la Ley 80.

En la demanda el Gobierno indica que la Ley Promesa fue establecida para “lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capitales”. Asimismo, el Gobierno sostiene que el Congreso otorgó a la Junta poderes limitados en la Ley Promesa, por lo que solo puede hacer recomendaciones al Gobierno, más no dictar su política pública.

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