Luis Rivera Marín, secretario de Estado, desmintió ayer las alegaciones sobre supuestas presiones y chantajes para que los senadores del territorio derogaran la Ley de Indemnización por Despidos Injustificados (Ley 80).
Según el también secretario interino de la Gobernación, nunca ordenó a jefes de agencias despedir familiares de legisladores o ignorar sus peticiones, como fue reportado por varios medios esta semana.
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“Nosotros no damos ese tipo de instrucción, nosotros trabajamos en equipo. El gobernador en su último mensaje fue un mensaje conciliador. Nosotros vamos a gobernar independientemente los obstáculos que se nos presenten”, soltó el funcionario en una actividad para conmemorar el día de la independencia de Estados Unidos.
Mientras, agregó –nuevamente– que ante la no eliminación de la Ley 80, a Puerto Rico le espera un panorama “oscuro”.
“En ese sentido, el Senado tenía para escoger o esa vía, o la vía oscura de la incertidumbre y del litigio. El Senado tomó su decisión y ellos asumen su responsabilidad y esas son mis expresiones y en eso yo me sostengo”, indicó Rivera Marín. Añadió: “Las consecuencias las vamos a ver en los bonos de Navidad de los empleados públicos y las vamos a ver más a corto plazo con otras medidas donde quizás los millones de dólares que tuvimos que gastar en los tribunales las pudimos haber usado para el pueblo de Puerto Rico”.
El martes, el Senado consideró por tercera vez la eliminación del estatuto, luego de que el gobernador Ricardo Rosselló convocó una sesión extraordinaria. Con esto, el mandatario intentó revivir su acuerdo con la Junta de Control Fiscal, ente que enmendaría el Plan Fiscal y el presupuesto, a los fines de incluir el bono de Navidad, licencias de vacaciones y enfermedad, así como otras partidas de haberse eliminado la legislación.
Los miembros de la Cámara Alta, sin embargo, colgaron a toda prisa las intenciones del gobernador votándole en contra. En el hemiciclo, ante las supuestas acciones de Rivera Marín, el presidente Thomas Rivera Schatz lanzó una advertencia.
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“El licenciado Luis Gerardo Rivera Marín quiere enfrentarse al Senado, quiere una confrontación con el Senado, pues secretario de la gobernación tenga cuidado”, señaló el líder senatorial durante el debate de la pieza.
Pugna debilita gestión administrativa
Para el abogado y analista político Leo Aldridge, la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo por la derogación de la Ley 80, dificultará la gestión administrativa del partido de gobierno durante el resto del cuatrienio.
“El estado de situación actual dificulta que pueda haber un trabajo productivo en los restantes 30 meses de este cuatrienio. Siempre puede haber una vuelta atrás y una reconsideración, pero hay unas heridas que hay que sanar. El gobernador tiene que dejar ir de una vez y por todas la derogación de la Ley 80, que en tres ocasiones ha fracasado”, agregó.
“Puede ser divertido como espectáculo político, pero la realidad es que no es positivo a largo plazo”, afirmó Aldridge.
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