La comisionada residente, Jenniffer González Colón, quien radicó la semana pasada el acta de admisión para que Puerto Rico comience su transición hacia la estadidad, dijo que asumirá una postura doblemente combativa en contra del trato discriminatorio hacia la isla por su condición territorial.
“Mi lucha en contra del trato discriminatorio a los residentes de Puerto Rico no se queda en el Congreso. Voy a combatir este discrimen en todos los foros en que me permitan comparecer”, expresó la congresista.
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González Colón tomó como ejemplos su participación en el panel de discusión sobre la situación de Puerto Rico, en la Convención del Partido Republicano de Florida el pasado viernes, junto al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez; las medidas que ha radicado para buscar trato igualitario; y su comparecencia como amiga de la corte en el caso de USA v. Vaello-Madero.
El tribunal federal atiende el caso de USA v. Vaello-Madero, en el que el gobierno federal busca el cobro de los fondos del programa Supplemental Security Income (“SSI”) recibidos por el señor Vaello después de mudarse de Nueva York a Puerto Rico.
“No hay justificación moral que pueda excusar el trato discriminatorio que reciben los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico en torno al SSI. Una persona mayor que cotiza para el SSI es una persona extremadamente pobre y vulnerable, viva en Nueva York o viva en Puerto Rico. La necesidad es la misma sea allá o sea acá”, protestó la comisionada residente.
El programa de SSI provee ayuda a las personas más vulnerables y desventajadas, proporcionando asistencia económica a personas ciegas, discapacitadas o ancianas que no tienen ingresos o cuyos ingresos son limitados.
Aunque el SSI aplica en los 50 Estados, no lo hace en Puerto Rico, donde todavía existe el programa federal conocido como Aid to the Aged, Blind and Disabled (AABD), predecesor del SSI. La ayuda que provee el SSI es vastamente superior a la que se puede acceder a través del AABD.
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El programa SSI es financiado mediante una apropiación de fondos del Fondo General de los Estados Unidos. En contraste, el programa AABD es administrado por el gobierno de Puerto Rico mediante un subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, al cual el gobierno puertorriqueño debe hacer una aportación de pareo del 25%.
Para el año 2010, la subvención a Puerto Rico para el programa de AABD fue de aproximadamente 35 millones de dólares, mientras en el Estado más pobre de Estados Unidos, con casi un millón de residentes menos, recibió más de 740 millones de dólares en fondos de SSI, aproximadamente 21 veces más que Puerto Rico.
Esto se traduce en entre 400 y 600 dólares mensuales recibidos por los beneficiarios de SSI en los Estados mientras que los beneficiarios de AABD en Puerto Rico reciben un promedio de apenas 70 dólares al mes.
