El gobernador Ricardo Rosselló convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para presentar nuevamente la derogación de la Ley de Indemnización por Despidos Injustificados (Ley 80), en busca de revivir el acuerdo con la Junta de Control Fiscal (JCF) que permitiría revertir el Plan Fiscal y el presupuesto aprobado el fin de semana por el organismo federal.
Se anticipa, no obstante, que el intento del primer ejecutivo de evitar litigios por los recortes contenidos en ambos documentos será fallido, pues podría no haber cuórum en la Legislatura para avalar medidas este verano, según una carta del propio Senado enviada ayer al mandatario.
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“El rechazo al acuerdo con la Junta nos coloca en el camino del caos de litigios y controversias congresionales que solo nos pueden hundir en la recesión y en la pérdida de empleos”, sostuvo Rosselló en un mensaje televisivo.
“Con el propósito de agotar todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance, estoy convocando a una sesión extraordinaria de la legislatura, invitándolos a considerar favorablemente la última medida de Ley 80 aprobada por la Cámara de Representantes, con las enmiendas sugeridas por el senador Miguel Romero”, agregó.
La pieza de la autoría de Romero eliminaría la Ley 80 y ampliaría las protecciones de la Ley contra el Discrimen en el Empleo. De esta forma, la administración de Rosselló busca salvar un acuerdo con la JCF, ente que ante la derogación del estatuto dejaría inalterados el bono de Navidad, las licencias de vacaciones y enfermedad, así como otras partidas presupuestarias.
En la sesión extraordinaria Rosselló también buscará aprobar su Código de Incentivos, la Reforma Contributiva, un proyecto para otorgarle planes de pago a los municipios para sus deudas con otras dependencias del Estado y una medida para aumentar el beneficio del desempleo.
Mientras, la carta enviada a Fortaleza por el secretario del Senado, Manuel Torres, indica que: “más de una decena de senadores, de mayoría y minoría, manifestaron tener compromisos previos durante el próximo mes”. El documento en poder de Metro añade: “comunico lo anterior para que sea tomado en consideración en su determinación de convocar una sesión extraordinaria”.
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Ante esto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien ha sido responsabilizado por Rosselló como el férreo opositor de la derogación de la Ley 80, se lavó las manos.
“Es que no es una decisión mía, es una realidad de que los senadores no van a estar, tenían unos compromisos”, acotó.
Su homólogo en la Cámara de Representantes, Carlos “Johny” Méndez, declaró que aun cuando un número significativo de representantes tiene compromisos programados para julio, convocará la sesión extraordinaria.
“Habiendo recibido la convocatoria para la celebración de una sesión extraordinaria, aun cuando en este momento tenemos muchos representantes, tanto de la mayoría como de la minoría que han planificado disfrutar con su núcleo familiar durante este mes de julio, estaremos convocando a los compañeros y compañeras para cumplir con nuestro deber constitucional y de tener el cuórum necesario, abriremos los trabajos de la sesión extraordinaria”, informó.
Recibe apoyo de los alcaldes
El gobernador ayer se reunió con la Federación de Alcaldes, grupo de mandatarios municipales del Partido Nuevo Progresista, en busca de apoyo para presionar por la derogación de la Ley 80. Y es que la JCF prometió incluir fondos para los ayuntamientos una vez eliminada la legislación.
Tras la cita, la Federación aprobó una resolución en la que se establece que la entidad “se une al reclamo del gobernador para trabajar una medida que permita tener un presupuesto que garantice los recursos que necesitamos para nuestro desarrollo económico”.
Firma el presupuesto, pero teme que sea “simbólico”
Por otra parte, Rosselló también anunció que firmó el presupuesto avalado por la Legislatura el pasado viernes, que asciende a unos $8,709,000 millones. Empero, de acuerdo a la Ley federal Promesa, es la JCF quien certifica finalmente las asignaciones a cada agencia del Estado, así que Rosselló teme que su acción sea simbólica, luego de que el organismo federal rechazó el documento de los legisladores y aprobó uno propio.
“Ya yo estampé mi firma en el presupuesto que radicó la Asamblea Legislativa. Para mí es un presupuesto que hubiera sido razonable, si se hubiese actuado a favor del pueblo y se hubiese tomado las medidas previamente”, afirmó.
“Me temo que quede solamente como un acto de simbolismo por no haber actuado ante las intransigencias”, añadió en referencia a la negativa del Senado de eliminar la Ley 80.
Raúl Maldonado, secretario del Departamento de Hacienda, comentó que hasta hoy el presupuesto que estaba vigente era el del año pasado, por el tranque entre el Gobierno y la JCF. Sin embargo, se apresta a poner en vigor el que firmó el gobernador y no el certificado por el organismo congresional.
