El capítulo de la Ley 80 y que el acuerdo entre la Junta y Rosselló haya muerto en el Senado… ¿los ubica en un punto de no retorno en términos de las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo?
— No, esto ocurre en todas las familias. Siempre hay un reencuentro. Lo que hay que ver es que tenemos líderes fuertes con su propio pensamiento, su propio criterio. Lo que tenemos que buscar es armonizarlo, porque ambos lo que quieren es lo mejor para Puerto Rico.
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¿Podría usted mediar para ese reencuentro familiar?
— Créeme que he logrado mucha convergencia y diversos temas. Esto va a ser algo adicional que se podrá superar en muy poco tiempo.
Quedan casi dos años de cuatrienio… ¿se podrán pasar medidas neurálgicas en las Cámaras legislativas?
—Logramos aprobar medidas significativas en el final de la sesión, que son de administración, y no tuvimos contratiempos en el cuerpo hermano.
La Asamblea Legislativa tiene hasta el 30 de junio para aprobar el presupuesto, pero el 29, la Junta se reúne para lo mismo… ¿Es esto una señal de que ya la Junta echó a un lado a la Legislatura?
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—El presupuesto que aprobamos es la versión de la Junta.
Pero el representante Tony Soto ajustó los números…
—Claro, pero eso lo hicimos en conversación con la Junta. En todo momento en la discusión del presupuesto e internamente en la Cámara, la Junta ha participado. (Explicó que los ajustes fueron en los fondos de los CDT y las escuelas alternativas, entre otras partidas). Al final, la Junta tiene que pasar revisión sobre el presupuesto, pero nosotros esperamos coincidir con el Senado en las enmiendas que se le hicieron ya este jueves (hoy).
O sea que, para cuando la Junta se reúna el viernes, ¿ya estaría el presupuesto?
—El 28 deben de tener el presupuesto.
En un intercambio entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y la representante, María Milagros Charbonier, este le recordó el veto a la Ley de Libertad Religiosa… ¿Qué pasó con la intención de ir por encima de ese veto?
— Lo que ha sucedido es que tuvimos una vacante en el caso de Ramón Luis. Por lo tanto, no teníamos los 34 votos para ir sobre el veto, y ahora, con la ausencia del compañero Samuel Pagán, tampoco tenemos ese voto adicional para ir sobre el veto, pero los votos para ir sobre el veto están. Nosotros no estamos contando con la minoría, estamos contando únicamente con la mayoría.
¿En algún momento lo verían?
—En algún momento, pero hemos dialogado con el gobernador y a base de las últimas decisiones del Tribunal Supremo y los casos que ha acogido el Tribunal Supremo sobre la libertad religiosa a nivel federal, hemos dialogado con el señor Gobernador de, quizás, traer un nuevo proyecto que esté avalado de parte del Gobernador desde el inicio.
Aprobaron un proyecto de Acceso a la Información sin una sola vista pública, y todavía nadie ha visto el lenguaje final de lo que aprobaron en Cámara… ¿Eso es transparente?
—Este no es un tema que hemos estado discutiendo de ayer para hoy. Es un tema que llevo trabajando desde el año 2009, con vistas públicas. Incluso, se aprobó una Ley de Transparencia en el Gobierno desde el año 2010 y es para darle acceso a la información de todas las partidas presupuestarias de los gastos de las agencias, que la pasada administración detuvo. Yo estoy retomando esos procesos. Son temas que se han discutido ampliamente. Ha habido una gran discusión y llevarlo a vistas públicas sería atrasar lo que nosotros consideramos que es el proceso de aprobación de una Ley de Transparencia.
Se ha dicho que se eliminó la definición de información o de documento público…
—No, eso, yo no recuerdo que eso haya ocurrido
Hay libertad de prensa en la Constitución y todo documento manejado por el Gobierno se presume público. Si ya hay un derecho constitucional, ¿por qué establecer una ley que podría ser para restringir el acceso?
—Sencillamente, lo que estamos es copiando la Ley de Acceso a la Información del Gobierno Federal. No estamos restringiendo nada […] No podemos ver esto como que sea una limitación, sino es sencillamente poniendo dentro de un marco legal, poniendo unas condiciones para, precisamente, proteger ese acceso a la información.
La trayectoria nos dice lo contrario. Precisamente, el CPI acaba de tener que ir al tribunal para requerir información pública sobre los muertos de María y todavía el Gobierno no le ha entregado todos los documentos. El hecho de que haya más procesos, ¿no se puede ver como una intención de trancar el acceso a la información?
— No. Por lo menos, esa no es mi intención. Si el proyecto se convierte en ley y surgen cortapisas como esas, no tendría problemas en enmendar el proyecto para atender esas situaciones.
Tenemos información sobre querellas contra el administrador de la Cámara, Moisés Cortez Cruzado… ¿Le han llegado quejas? ¿Está satisfecho con las ejecutorias de este funcionario?
—Estoy satisfecho con él. Toda la persona que resienta la supervisión, siempre se va a querellar. Yo tengo un estilo de administración que es la visión del sector privado. Aquí se tiene que cumplir con un horario. Cuál es la visión que se tiene del sector público… que son vagos, que no trabajan, que se roban el salario. Entonces, cuando se les exige a los funcionarios —especialmente a los directores de dependencia— que tienen que cumplir con un horario y completar unas tareas, entonces se quejan. Y si no soportan ese tipo de supervisión, pues, entonces, no pueden trabajar conmigo porque yo busco cambio, efectividad, cumplimiento y ejecución. Todos tenemos que entender que somos agencia de servicios.
