Un informe de la Cámara de Representantes presentado hoy al pleno legislativo reveló que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no favorece la construcción de rotondas para sustituir el uso de semáforos.
La agencia habría argumentado que los fondos de emergencia que le fueron asignados por la Administración federal de Carreteras tienen que ser utilizados exclusivamente para reinstalar los semáforos damnificados por los huracanes Irma y María.
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En el informe sobre la Resolución de la Cámara 650, que investigó la potencial construcción de rotondas ante la reinstalación de nuevos semáforos para reemplazar los que resultaron inoperantes tras el paso de los huracanes Irma y María, se reveló que al 21 de junio de este año, fecha en que se presentó el informe parcial en la Secretaría de la Cámara, ya se han energizados 916 intersecciones y quedan pendientes 294.
Estas se encuentran en proceso de subasta y de contratación para su reparación.
Por tro lado, relacionado con el informe parcial de la R. de la C. 240 del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, sobre la viabilidad de construir un conector entre la Avenida del Lago en Lagos de Plata hasta el Centro Gubernamental del Municipio de Toa Baja, el DTOP recomendó a la administración municipal de Toa Baja a que presente este proyecto a la Autoridad de Carreteras y Transportación para que sea considerado en el Plan de Transportación a Largo Plazo 2045.
El pleno cameral también dio por recibido los informes parciales de las resoluciones de la Cámara 811 y 134, del representante Víctor Torres González, que investigan las gestiones que ha realizado el DTOP para atenuar la cantidad de accidentes y fatalidades en la carretera PR-2 a la altura de la Comunidad Rallaboa Encarnación en Peñuelas; el plan de reparación, mantenimiento y mejoras en las carreteras PR-52, PR- 549, PR-385, PR-383, PR-375, PR-378, PR-381, PR-383, PR-335, PR-375 y PR-132 de los municipios de Ponce, Yauco, Peñuelas y Guayanilla, respectivamente.
Del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz se recibió el primer informe de la Resolución de la Cámara 142 que busca indagar las gestiones que ha realizado la Administración de Vivienda Pública (AVP) para atender el aumento en las rentas del programa de Vivienda Pública de Puerto Rico, según propuesto por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal; y el informe final de la R. de la C. 760 para examinar las alternativas de los residentes que no poseen título de propiedad a los cuales la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) les ha negado ayuda por ese motivo.
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En relación con la Resolución 142, el informe expone que con el impacto de los huracanes Irma y María las viviendas en la Isla se vieron sumamente afectadas, igual que las finanzas de las familias que fueron trastocadas.
Imponer un aumento en el costo de la renta de vivienda pública resultaría en detrimento paras miles de familias de escasos recursos residentes de dichos complejos de vivienda.
En la R. de la C. 760 se menciona que “resulta preocupante la cantidad de familias que aún no han podido obtener las ayudas necesarias para reparar su hogar” y que esta Asamblea Legislativa tiene un interés apremiante en ayudar a estas familias para que puedan obtener su título de propiedad.
Igualmente, se dio por recibido el primer informe de la R. de la C. 969, de Maricarmen Mas Rodríguez, que analiza el posible cierre de escuelas del Distrito 19 (Mayagüez-San Germán) y determinar los parámetros que utilizó el Departamento de Educación para identificar las escuelas seleccionadas a clausurar.
Las comisiones de Desarrollo Integrado de la Región Oeste y la de Educación, Arte y Cultura, presentaron al Cuerpo Legislativo los hallazgos preliminares de la investigación, entre los que se destaca que el Departamento de Educación (DE) debe aclarar si el único modelo utilizado para establecer los cierres dichas escuelas está basado en las escuelas de Estados Unidos o si se utilizaron modelos a nivel mundial; que si el alegado impacto económico beneficioso de cerrar las escuelas, considerando el gran presupuesto del DE, realmente es una justificación adecuada para los cierres considerando los otros aspectos importantes que han sido expresados por la comunidad; y dar seguimiento a la vista de interdicto preliminar y permanente que está pendiente en el Tribunal de Mayagüez.
Todos los informes se dieron por recibido y se ordenó que sean referidos a las agencias correspondientes
