Mientras continúan las denuncias de ataques y represión, Nicaragua reiniciará el diálogo nacional con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para superar una crisis que ha dejado más de 218 muertos. Un conflicto cuyo costo será muy alto, de acuerdo al consultor de derechos humanos nicaragüense, Uriel Pineda.
La violencia persiste en Nicaragua a pesar de que un equipo de la CIDH se instaló en Managua el domingo.
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Dicho equipo forma parte del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la CIDH, entre las que destacan el cese de la represión y la garantía de los derechos humanos.
La CIDH cifró en un informe presentado el viernes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 212 los muertos durante la crisis, a los que se suman otras 6 víctimas confirmadas el fin de semana por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), entre ellas un bebé de poco más de un año alcanzado por una bala en la cabeza.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Metro conversó con Uriel Pineda, especialista en derechos humanos y nicaragüense, para quien esta visita significa el inicio de un proceso para reducir el nivel de conflicto en el país; sin embargo, no será suficiente.
Q&A
¿Qué se puede esperar de la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua?
–Desde que inició la represión ha sido una exigencia desde la sociedad civil la presencia de instancias internacionales de Derechos Humanos para monitorear el conflicto por las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Dentro de esa lógica, a finales del mes de mayo, la Comisión Interamericana hizo una primer visita a Nicaragua y emitió el 21 de mayo un informe preliminar donde recomienda al Estado el establecimiento de un mecanismo de seguimiento (similar al del caso Ayotzinapa en México) para evitar la continuidad de las violaciones a derechos humanos. Otra de las recomendaciones que hizo es la apertura internacional a la supervisión de los derechos humanos en Nicaragua.
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Dentro de esa lógica, la represión ha persistido y por eso la exigencia de la sociedad civil es que de nueva cuenta lleguen estos organismos, que se cumplan las recomendaciones preliminares la Comisión Interamericana. Llega un equipo de trabajo de la oficina del Alto Comisionado y un equipo de seguimiento por parte de la CIDH. El equipo de seguimiento llegó el domingo 24 y se espera que el equipo Alto Comisionado llegue este martes 26.
La semana pasada salió un informe del Alto Comisionado sobre Venezuela en el que destacan el hermetismo gubernamental. ¿Se repetirá una situación similar con Nicaragua?
–Hay una diferencia particular con el gobierno venezolano. Ortega, hasta hace muy poco, tenía credenciales democráticas. Es decir, a pesar de la denuncia de fraude electoral interno, su gobierno no había llamado la atención de instancias internacionales en cuanto a violación de derechos humanos, aunque sí en temas de regresión en materia de derechos políticos-electorales.
Esta situación de apertura es importante en Nicaragua, primero por permitir que salga a nivel internacional lo que está ocurriendo en el país. Esto es una explosión de lo que se ha acumulado en 10 años y que había pasado de lejos de las instancias internacionales de derechos humanos. En ese sentido, da una luz de esperanza a la sociedad civil de denunciar lo que está ocurriendo, y legitimar la principal demanda de la sociedad civil: la salida del régimen Ortega Murillo. Recordemos que es una pareja presidencial, el presidente Ortega y su esposa la vicepresidenta.
La diferencia principal es que el gobierno de Nicaragua, a diferencia del gobierno de Venezuela, tiene una mayor vergüenza a que estas cosas salgan a nivel internacional porque les hace perder legitimidad, algo que ya no tiene Venezuela.
Mal que bien, de alguna manera, (y sobrepasado por la crisis que enfrenta el país) el gobierno ha ido cediendo algunas de las exigencias que se plantean desde la mesa de diálogo nacional y eso es positivo. Si bien es cierto que la mesa de diálogo que se ha instaurado carece de credibilidad porque no se confía los compromisos que adquiere el gobierno, ya que mientras existe una mesa de diálogo la represión continúa e incluso se recrudece en sectores del país.
La presencia de estas instancias internacionales, va a dar pie que muchos de estos compromisos y exigencias que se plantean desde la sociedad civil puedan prosperar y reducir el nivel de conflicto existente en el país.
¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional ante lo que ocurre en el país?
–La comunidad internacional ha sido un tanto indiferente aunque sí se ha visto en la OEA cómo ha ido ganando terreno el rechazo hacia la continuidad del régimen.
Uruguay, desde su Congreso ha sido el primero en condenar la situación del país, seguido por Costa Rica y Colombia, lo cual es muy importante.
Aunque el informe final de la situación de la OEA, presentado este viernes en el Consejo Permanente de la OEA, solo fue rechazado por tres países: Bolivia, Venezuela y el propio Nicaragua.
Hay llamados por ejemplo del Parlamento Europeo al cese de la represión en Nicaragua y creo que en la medida que la sociedad civil pueda generalizar esta demanda, pueden obtenerse resultados distintos. EU ha emitido declaraciones de preocupación y envió a su embajador de la OEA a Nicaragua.
¿Cuál podría ser el escenario en los próximos días?
–Yo me muestro optimista ante la presencia de estas instancias de derechos humanos porque lo principal en el país es que cese la represión. Una vez que cese y se garantice la libertad de expresión y movilización del pueblo nicaragüense, podrá atenderse la demanda de la salida del régimen Ortega Murillo.
Sin embargo este conflicto va a ser muy grave. La afectación económica es muy importante pero el costo humano también lo ha sido. Son más de 217 muertes, señaladas por la Comisión Interamericana y el número continúa en aumento. Una vez que cese la represión, Nicaragua no cuenta con condiciones para garantizar el derecho de acceso a la Justicia de las víctimas, por la alta concentración de poder que tiene el régimen Ortega Murillo en la esfera del poder judicial y del órgano electoral.
Ante la salida del gobierno de Daniel Ortega existe una debilidad institucional muy grande, porque concentra todo los poderes del Estado de alguna manera. Entonces, garantizar el derecho al acceso a la Justicia de las víctimas, va a ser un proceso complejo.
