La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Arecibo luego de detectar en una auditoría un esquema de fraude en talleres para maestros.
El informe revela que funcionarios de la UPR en Arecibo y empleados de los hoteles en donde se llevaron a cabo siete talleres de educación continua se pusieron de acuerdo para ocultar gastos incidentales e indebidos por 35,603 dólares.
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“Nuestros auditores desvelaron un esquema de apropiación de fondos públicos y gastos extravagantes y excesivos en bebidas alcohólicas, ropa, perfumes, servicios de spa e incluso gastos de estadía en fechas anteriores y posteriores a los talleres”, indica el informe.
En el esquema, los funcionarios solicitaban a los empleados de los hoteles que alteraran las facturas y los justificantes.
La situación se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 30 de septiembre de 2016. El 25 de mayo de 2017 los fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente radicaron 63 cargos contra el entonces rector de la UPR de Arecibo y su hijo, la coordinadora del proyecto Crece 21, la ayudante especial del entonces presidente de la UPR y el entonces rector de la UPR en Cayey.
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa para arresto contra todos los acusados por apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. El 28 de marzo de 2018 una jueza determinó causa para juicio y los procedimientos continúan ante el Tribunal.
Con respecto a esta situación, el informe comenta que las facturas alteradas por los empleados de los hoteles fueron certificadas por el coordinador de Cuentas por Cobrar del hotel A y el gerente de Crédito del hotel C.
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Además, a petición de la coordinadora del proyecto Crece 21, se prepararon certificaciones de no consumo de bebidas alcohólicas, a sabiendas de que esto no era cierto.
En otras actividades celebradas en el hotel C, se identificaron gastos innecesarios, extravagantes, excesivos e ilegales de compras en los restaurantes, barras y convenience store que ascendieron a 3,828.71 dólares.
Estos gastos se cargaron a las habitaciones asignadas a la directora del Proyecto Crece 21, quien solicitó al gerente de Crédito del hotel que transfiriera los gastos incidentales al master folio de la actividad y los nombres de algunos huéspedes se sustituyeron por UPR-Staff.
La auditoría de dos hallazgos señala que los funcionarios de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (Decep) de la UPR de Arecibo no se aseguraron de que los maestros que tomaron los adiestramientos cumplían con los requisitos estipulados en el contrato entre la UPR-Arecibo y el Departamento de Educación (DE).
Por eso el DE no le pagó a la UPR de Arecibo 695,952 dólares del millón 500 mil facturado. Por ejemplo, en un taller que se impartió a 100 maestros de kínder, 27 de ellos no cualificaban, y en un taller a 100 maestros sobre la enseñanza de la lengua materna, 63 de ellos no cualificaban.
No obstante, la UPR-Arecibo pagó por los gastos incurridos de hospedaje, comida, estacionamiento, materiales y los facilitadores.
El Informe cubre el período entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
