La Ley de indemnización por despido injustificado (Ley 80) se mantiene, así lo decidieron ayer los miembros del Senado de la isla tras una reunión de caucus con miembros del gabinete del gobernador, y que dio fin a una polémica que mantuvo dividida a la administración de Ricardo Rosselló por semanas.
Con la decisión, afirmó el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, afilan sus cañones para defender a los trabajadores en los Tribunales si la Junta de Control Fiscal (JCF) decide recortar derechos laborales.
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“El Senado da por terminado el asunto de la Ley 80, no se va a derogar la Ley 80. Si nos correspondiera ir a los Tribunales para litigar contra la Junta, he estado en conversaciones con los abogados para así hacerlo”, soltó Rivera Schatz ayer en una conferencia de prensa.
Eliminar la Ley 80 fue la ficha de intercambio que usó el primer ejecutivo para lograr que el ente federal mantuviera inalteradas las licencias por vacaciones y enfermedad, así como el bono de Navidad. De acuerdo a la Fortaleza, también protegían partidas dirigidas a la Universidad de Puerto Rico, el presupuesto, Código de Incentivos y la Reforma Contributiva.
Según el ente federal, borrar derechos laborales convertiría a Puerto Rico en una jurisdicción atractiva para hacer negocios, asunto que hasta ayer no convenció a unos 15 senadores que votaron en contra, frente a otros 5 que se expresaron a favor en el caucus, con la ausencia del legislador Carmelo Ríos. Quienes votaron a favor fueron: Itzamar Peña, Margarita Nolasco, Abel Nazario, Nelson Cruz y Miguel Romero.
Durante el cónclave también se discutió una propuesta del senador Miguel Romero, que tras la negativa de los senadores a ofrecer su aval buscó un punto medio, pero no logró convencerles. En su medida, el también exsecretario del Trabajo pretendía ampliar los poderes de la Ley 100 de 1959, que protege a los empleados de despidos por discrimen.
Para Rivera Schatz esto no cubría los fines de la Ley 80, que en su médula entrega una mesada a quienes sean despedidos injustificadamente.
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“Dejaba afuera a quien no tenía forma de sostener que lo despidieron por discrimen”, subrayó.
Por su parte, a su salida del caucus el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, vaticinó un panorama tétrico para los trabajadores del país, ante la negativa del Senado.
“Ellos cursaron [la JCF] una comunicación con las consecuencias, la consecuencia es que los empleados públicos no van a recibir su bono de Navidad”, afirmó serio, visiblemente incómodo, junto a Christian Sobrino, representante del gobernador ante la JCF, Carlos Saavedra, secretario del Trabajo y Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos.
Luego de la votación, de acuerdo a Rivera Schatz, ofreció la oportunidad al equipo del gobernador de regresar para nuevamente presentar sus puntos sobre la derogación de la Ley 80, pero se negaron “rotundamente”.
Rivera Schatz añadió, y sus homólogos asintieron, que “todos votaron según su conciencia”.
Para Nazario, por ejemplo, tal parece que la decisión fue bien fácil. “Yo dije que iba a votar a favor como fuera porque había un acuerdo con el jefe de Estado”, indicó el exlcalde de Yauco.
Peña, sin embargo, sostuvo que su intención era proteger a los trabajadores. “Iban a continuar con el beneficio de la compensación que tenía el proyecto de la Cámara, se mantenía el fondo y se incluía la protección”, reaccionó refiriéndose a una enmienda que había sometido la Cámara de Representantes para que una vez derogada la Ley 80, el gobierno separara un fondo público de $100 millones para pagar mesadas a los trabajadores cuyos patronos privados los despidieran injustificadamente.
“Johnny” Méndez no va al Tribunal si piensa que perderá
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, férreo defensor de la propuesta de Rosselló, reaccionó tranquilo, puso punto final al asunto y dijo que no iría a los Tribunales con Rivera Schatz si no tiene un 50 % de probabilidad de ganar.
“Yo tengo que ver cuáles son los argumentos. Recuerden que la Ley Promesa tiene una supremacía sobre todo y no permite que nosotros demandemos a la JCF. Tenemos que ver cuáles son los argumentos y cuál es la base jurídica para entonces tomar una decisión porque no queremos hacer un ejercicio fútil”, detalló. “Si tenemos más de un 50 % de probabilidades para prevalecer vamos a estar ahí”, añadió.
Mientras, dijo que estaba tranquilo porque “uno siempre tiene que tener al mal tiempo, buena cara”.
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