En medio de los estremecedores momentos de separación de miles familias en la frontera estadounidense, que quedaron sin efecto ayer, las operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Puerto Rico e Islas Vírgenes aclararon que, para los inmigrantes que llegan a Puerto Rico, no aplicaba esa acción, que era cobijada bajo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
“En esta región, de acuerdo con los parámetros acordados bajo la Iniciativa Interagencial de la Frontera Caribeña (CBIG), cuando se detiene a un extranjero indocumentado, y no existen antecedentes inmigratorios o criminales, son procesados administrativamente para repatriación (si se interceptan en el agua) o deportación”, expresó la agencia CBP, a través de su portavoz Jeffrey Quiñones.
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No obstante, si los extranjeros sin documentos tuviesen algún antecedente, ya sea criminal o migratorio, “se consulta el caso con la Fiscalía Federal para encausamiento, y es esa oficina la que tiene la discreción de encausar o no. Por supuesto, también queda la discreción del magistrado”.
Aunque ha habido casos de menores de edad que han sido interceptados por las autoridades —mientras entraban a la isla en embarcaciones— estos pasan por el procedimiento administrativo de deportación.
“En nuestra región, CBP no han encontrado casos en los que un extranjero indocumentado sea procesado para encausamiento penal y estén acompañados por menores”, precisó Quiñones. La mayoría de las personas sin estatus migratorio legal que llegan a Puerto Rico son dominicanos, cubanos y haitianos, y estos vienen por la costa oeste, incluyendo Mona, Monito y Desecheo. Se han registrado casos en Toa Baja, Luquillo y Loíza, pero son excepciones.
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Sobre 2,200 familias han sido separadas en la frontera sur de Estados Unidos, entre el 5 de mayo y 9 de junio, a raíz de una orden titulada Mejoras en la Seguridad Fronteriza y la Inmigración instruye a los departamentos y agencias ejecutivas a “utilizar todos los medios legales para asegurar la frontera sur de Estados Unidos, prevenir más inmigración ilegal hacia el país y repatriar inmigrantes ilegales rápida, consistente y humanamente”. Sin embargo, ayer el presidente firmó una orden para mantener unidas a las familias, aunque afirmó que continúa la “tolerancia cero”.
A nivel local, varias voces se expresaron en contra de la situación, entre ellos el gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y los cantantes Ricky Martin, Luis Fonsi y Tommy Torres.
