Hace apenas unas semanas el gobernador Ricardo Rosselló afirmó a CNN que habría un “infierno para pagar” para los funcionarios que retuvieran los registros relacionados a las muertes tras el huracán María. Sin embargo, el Registro Demográfico presentó hoy una moción solicitando permiso para detener la entrega de certificados de defunción y otros datos que un juez había ordenado que fueran entregados a CNN y al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), luego de que las organizaciones demandaran para tener acceso a esos registros.
El tribunal, no obstante, indicó que no levantaría su requisito de que los registros sean entregados a CNN y CPI antes de que culmine el día de hoy, martes, como había ordenado el magistrado el principio, publicó CNN.
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“Esta nueva táctica de demora (habla) de la credibilidad del gobierno de Rosselló”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva de CPI, a la cadena estadounidense. “El gobierno no necesitó siete días para entregar la mayor parte de la información, y sin embargo no han entregado nada en este momento, incluso cuando declararon públicamente que cumplirían con la corte”.
“La orden del Tribunal estableció un periodo sumamente limitado cuando se toma en consideración que son sobre 24,000 defunciones registradas y sobre 24,000 permisos de enterramiento y cremación que hay que fotocopiar y luego, a mano, borrar el Seguro Social como lo dispone el Tribunal”, señaló Wanda Llovet, directora del Registro Demográfico.
“La transparencia es una palabra que simplemente no entienden”, agregó. De acuerdo al medio, CNN y CPI planeaban presentar mociones en oposición a la solicitud de demora del gobierno. Se informó, además, que se reunirían hoy con los abogados del gobierno a las 2:00 de la tarde. El juez solicitó ser notificado de los resultados de esa reunión antes de las 5:00 p.m. el miércoles.
De acuerdo a un comunicado suministrado por el Departamento de Salud (DS), la moción presentada hoy ante el tribunal se hizo “de buena fe”.
“Según informó el Departamento de Salud, a pesar de que el Registro Demográfico ha trabajado arduamente para cumplir con la orden del Tribunal de Primera Instancia de divulgar dentro un término de siete días, alrededor de 24 mil certificados de defunción que contienen información confidencial sobre el fallecido, sus familiares y el informante, igualmente se estableció que se debía omitir el seguro social del fallecido, proceso sumamente complicado, por lo que solicitarán una prórroga que les conceda más tiempo para poder cumplir con lo dictaminado”, lee el comunicado.
Las organizaciones sometieron una demanda para tener acceso a los certificados de defunción y bases de datos en febrero, después de que funcionarios del Registro Demográfico se negaron a proporcionar los documentos. Los registros y los datos se relacionan con las investigaciones independientes de CNN y CPI sobre el número de muertos por el huracán María, cuya evidencia sugiere que es sustancialmente más alta de lo que los funcionarios informaron.
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El 4 de junio, el juez ordenó que se liberara la información dentro de siete días, los certificados de defunción, las bases de datos de defunciones, los permisos de enterramiento y otros registros a CNN y al CPI.
Ramón Rosario, secretario de asuntos públicos y política pública de Puerto Rico, emitió una declaración al día siguiente diciendo que el gobierno cumpliría con la orden judicial y agregó que la política del gobierno es “trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública”. “
Sin embargo, en la fecha límite, la administración de Rosselló ha respondido con una moción de prórroga.
Según CNN, dicha moción pidió al tribunal que considerara el volumen de la solicitud de registros y las difíciles circunstancias que enfrenta el gobierno de la Isla, incluidos recortes presupuestarios, escasez de personal y medidas de austeridad provocadas por el huracán y la crisis de la deuda que había paralizado a Puerto Rico en el años antes de la tormenta.
“Reafirmando nuestro trabajo para cumplir fielmente con el juicio en este caso, entendemos que los siete días otorgados al estado no son suficientes para llevar a cabo este proceso que recién estamos comenzando”, escribió Wanda Vázquez Garced, secretaria de justicia y otros oficiales. Puerto Rico desea mantener el “nivel más alto de transparencia”, lee la moción.
Por su parte, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, indicó que “siguiendo la orden del Tribunal y la política del Gobernador de promover la transparencia y facilitar el acceso a toda información pública, hemos invertido todos nuestros recursos y esfuerzos en cumplir con lo ordenado, sin embargo debemos ser sumamente cuidadosos con la información que estamos compartiendo y entender que el Tribunal fue claro en que se debía proteger una información tan sensitiva como lo es el seguro social de cada persona, por lo que será necesario solicitar más tiempo para proteger a los fallecidos y a sus familiares y cumplir con cada una de las instrucciones que se nos dio”.
De igual forma, Wanda Llovet, directora del Registro Demográfico, explicó que incluso este fin de semana todo su personal trabajó para cumplir con la disposición de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, pero que humanamente no era posible.
“La orden del Tribunal estableció un periodo sumamente limitado cuando se toma en consideración que son sobre 24,000 defunciones registradas y sobre 24,000 permisos de enterramiento y cremación que hay que fotocopiar y luego, a mano, borrar el Seguro Social como lo dispone el Tribunal. También el otorgarle acceso a la libreta manual de los permisos que se encuentran en las 42 oficinas alrededor de la Isla mientras seguimos ofreciendo el servicio a la ciudanía demora”, señaló Llovet.
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