La Cámara de Representantes concurrió con las enmiendas que impuso el Senado al proyecto para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) durante la sesión ordinaria de hoy, y ahora la medida pasará al escritorio del gobernador Ricardo Rosselló para ser considerada.
El proyecto de ley se aprobó con 27 votos a favor de la delegación del Partido Nuevo Progresista, 14 en contra de las delegaciones de minoría, y dos abstenidos de los representantes Lourdes Ramos y Carlos Bianchi, quienes son empleados de carrera de la dependencia.
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Además del permiso para realizar las transacciones de venta y concesión de los activos de la corporación pública, la pieza incluye disposiciones para en el futuro establecer una nueva política pública energética, que debe ser avalada en otro proyecto de ley en 180 días.
El Proyecto 1481 del cuerpo señala que la política pública energética debe estar dirigida al desarrollo de un sistema resiliente, confiable, eficiente, con tarifas justas, con fuentes de energía que no contribuyan a incrementar los efectos del cambio climático y la implementación de un mercado energético.
Por otra parte, el marco regulatorio es necesario para “obtener los resultados deseados en términos de modernizar nuestro sistema eléctrico, incorporar mayor generación con fuentes renovables y reducir el costo de los consumidores”.
Asimismo, la medida del Senado propone que para asegurar “la transparencia y pureza del proceso, es un requisito que la Asamblea Legislativa apruebe toda transacción de venta de los activos de la corporación pública. Los legisladores tendrán 45 días para pronunciarse sobre los acuerdos, o de otra forma será aprobado.
Mientras, la Comisión de Energía, asunto que ha sido altamente debatido, pues Rosselló quitó toda su injerencia en el proyecto enviado por su oficina, tendrá el rol de certificar los contratos.
De acuerdo al plan de reorganización número 8, establecido en la Ley para el Nuevo Gobierno, la Comisión de Energía pertenece a la Junta Reguladora de Servicio Público, fusionada con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor y la Administración de Energía.
