Un mural de fondo negro y letras blancas adorna en estos días la Avenida Baldorioty de Castro en San Juan, a la altura de la calle De Diego. “¡Auditoría ya, mamabichxs! A ciegas no”, dice.
Su reclamo gira en torno a la deuda pública: Puerto Rico todavía espera por una auditoría de los miles de millones de dólares que el Gobierno emitió en deuda y sobre los cuales aún debe más de $70,000 millones, que se suman a otros $50,000 millones que adeuda a sus pensionados.
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La falta de este ejercicio cobra mayor urgencia en momentos en que la Junta de Control Fiscal, el Gobierno y los principales acreedores del país negocian a puerta cerrada la reestructuración de deuda más grande del mercado de bonos municipales de Estados Unidos. Esta semana, se anunció un acuerdo preliminar que daría fin a una de las disputas más críticas en el proceso de quiebra de Puerto Rico: cómo se repartirán los recaudos futuros del IVU por los próximos 40 años. Casi la mitad del impuesto de 11.5% permanece comprometida con el pago de la deuda de COFINA. Desde el comienzo de la quiebra y de las alegaciones de ilegalidad de esta deuda, tanto el Gobierno como los bonistas han estado encontrados sobre a quién le pertenece el dinero del IVU.
¿Se firmarán acuerdos con los acreedores sin una auditoría integral e independiente sobre la deuda de Puerto Rico?
Además de países como Ecuador, Brasil y Francia, jurisdicciones en Estados Unidos como Detroit y Jefferson County, Alabama, apuntaron a la ilegalidad de parte de su deuda durante sus procesos de reestructuración, lo que dejó a estos gobiernos en mejor posición para negociar con sus acreedores y así poder dirigir más recursos a servicios esenciales.
Son varios los actores que buscan investigar la deuda pública y la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico. No todos tienen el mismo alcance, propósitos, motivación o recursos para llevarla a cabo.
La Junta de Control Fiscal
Los abogados del Gobierno ya admitieron que parte de la deuda de Puerto Rico es ilegal. A finales del año pasado, establecieron que la emisión del 2008 de bonos del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno (SRE) “nunca fue autorizada para emitir deuda”, la cual suma más de $3,000 millones. La derogada Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público divulgó dos informes preliminares en el 2017 que señalan la posible ilegalidad de varias emisiones de deuda por violar disposiciones de la Constitución de Puerto Rico tales como cumplir con el límite de la deuda y responder a presupuestos balanceados.
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Sin embargo, la Junta insiste en ser la única entidad con autoridad para reclamar la ilegalidad de la deuda en los tribunales como tutor legal del Gobierno en su proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA.
La Junta dice que lleva a cabo su propia pesquisa sobre la deuda pública desde septiembre del 2017. El cacique fiscal de la Isla asegura que su investigación es abarcadora y que litigará cualquier causa de acción que surja, incluyendo si parte de la deuda es ilegal.
Pero según un grupo de acreedores del Gobierno, el proceso que conduce el investigador que contrató la Junta, John Couriel, deja fuera “documentos internos” importantes, tales como correos electrónicos de las instituciones financieras que jugaron un rol en las emisiones de deuda.
Aunque se dijo que estaría listo el pasado mes de abril, la Junta todavía espera por el informe final de Couriel, un exfiscal federal y exaspirante a la Cámara federal bajo el Partido Republicano que hoy día trabaja en Kobre & Kim. El ente rector recién reconoció que ahora espera que Couriel revele sus hallazgos en o antes de mediados de agosto, según manifestaron abogados de la Junta durante una vista del caso de quiebra el miércoles, 6 de junio.
El Comité de Acreedores No Asegurados
Un segundo acercamiento a la auditoría se da en el Tribunal Federal, donde un grupo compuesto por dos uniones, suplidores del Gobierno y la compañía sucesora de lo que en su día fue Doral Bank, busca indagar sobre la deuda pública como parte del proceso de quiebra de Puerto Rico.
La petición del Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) se fija específicamente en tres instituciones financieras: el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Banco Popular y Banco Santander. En noviembre del año pasado, el Tribunal Federal rechazó una petición del UCC para exigir documentos y evidencia a estos bancos, y dejó la investigación en manos de la Junta, en coordinación con el UCC y con el comité que representa a los retirados en la quiebra. Ambos grupos tendrían acceso a la información recopilada, sujeto a acuerdos de confidencialidad.
“Solamente están compartiendo lo de Popular y Santander”, dijo durante la audiencia Luc Despins, abogado del UCC. Allí también estuvo el abogado de Popular, John Dorsey, quien aseguró que la entidad financiera “está cooperando”. Le hizo eco Nicholas Crowell, abogado de Santander: “No hay nada que esconder”.
En el caso del BGF, “hemos recibido cero documentos”, sostuvo Despins, quien lamentó que la entidad gubernamental solo comparta información con el investigador de la Junta bajo estricta confidencialidad. La entidad que fungió como agente fiscal de Puerto Rico por más de siete décadas firmó un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda bajo el Título VI de PROMESA. Estos bonistas — en su mayoría cooperativas y fondos de cobertura tales como Avenue, Brigade, Fir Tree y Solus — recibirán hasta 55% de cada dólar en deuda del BGF que posean.
Lea la historia completa en: Centro de Periodismo Investigativo.
