No hay los votos en la Cámara de Representantes para eliminar la Ley 80, que protege a los trabajadores de despidos injustificados, y que fue transada por el gobernador Ricardo Rosselló con la Junta de Control Fiscal (JCF) para mantener inalterados las licencias por vacaciones y enfermedad, así como el bono de Navidad.
La cámara baja, según su presidente Carlos “Johnny” Méndez, continúa en conversaciones con la Fortaleza para llegar a algún acuerdo. No obstante, al momento no hay el apoyo ni para derogar el estatuto, ni para avalar la versión del Senado, cuerpo que la eliminó de forma prospectiva.
“Hoy no va a estar en discusión. Todavía seguimos dialogando con el Senado y con Fortaleza. […] No, no los tiene [los votos]”, acotó Méndez a la prensa.
Por su parte, el representante del Partido Nuevo Progresista, Enrique “Quiquito” Meléndez, indicó en entrevista con Metro que nunca hubo los votos en la delegación de su colectividad para aprobar ninguna de las versiones. Agregó que aún la JCF no ha podido probarle a la Asamblea Legislativa cómo la economía crecerá al quitarle derechos a los trabajadores.
“No hay un estudio que vincule, sacrificaste a estos trabajadores del sector privado y a corto plazo, eso no existe”, soltó. Mientras, agregó que: “cuando miras la posición de la junta, intransigente en cuanto a la prospectividad…al decir no porque no levanta mucha suspicacia”.
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Meléndez afirmó que la Cámara de Representantes está lista para ir a los Tribunales a luchar contra la derogación, si es que la JCF decide tomar ese rumbo.
“Esto va a terminar en la corte, esto va para el Tribunal. Vamos al Tribunal ahora o en el 20[20]. La gente no puede perder de perspectiva que en el 20[20] comienzan los recortes a las pensiones y nosotros no lo vamos a aceptar”, comentó el legislador.
Al tiempo, dijo que al analizar el nuevo presupuesto buscarán un ahorro de $300 millones, proyección de crecimiento económico que la JCF presuntamente adjudicó a la derogación de la Ley 80, para tenerlo como recurso en las cortes.
“Ellos están proyectando que la derogación de la Ley 80, más o menos estiman .3 % de crecimiento macroeconómico y esos son cerca de $300 millones de pesos. Si nosotros podemos en el presupuesto enfocarnos ahora a hacer unos ahorros por una cantidad similar en una partida aparte cuando ellos nos lleven al Tribunal no van a tener excusas. Porque van a decir: ‘espera, por qué tú quieres que ellos eliminen la Ley 80 si ahorraron esto por otro lado?”, concluyó Meléndez.
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