Si bien el informe sobre el escándalo de los chats de WhatsApp presentado por Juan Guzmán Escobar, comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), concluye que el exjuez Rafael Ramos Sáenz pudo haber cometido delitos electorales al consultar con adeptos partidistas una controversia sobre el voto de personas con problemas de movilidad, gran parte del documento que sometió al Departamento de Justicia lo usa para criticar a sus homólogos.
Y es que, según él, los comisionados electorales alternos del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Karla Angleró y Adrián González, respectivamente, realizaron una pesquisa “prejuiciada”.
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“No puedo suscribir, validar o ratificar ningún informe suscrito por los miembros del comité en representación del PPD y el PIP”, indica el funcionario en su escrito.
Al tiempo, sostiene que Rafael Flores, representante del interés público en el grupo investigador, y que fue nombrado por el presidente de la CEE, Nicolás Gautier, renunció el pasado 22 de mayo, antes de culminar la pesquisa, por “incomodidad”, “señalando que, en una pesquisa, no debe haber ánimo prevenido”.
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De otra parte, en su informe, Guzmán Escobar destaca que Norma Burgos, hoy comisionada en del PNP en la CEE, nunca formó parte del chat de WhatsApp y que tampoco fue contactada por Ramos Sáenz para aclarar su duda electoral.
En las copias del grupo de mensajería que fueron presentadas el pasado 5 de febrero por el senador Aníbal José Torres, aparece un comentario del exjuez, quien afirma que Burgos no le contesta, luego de llamarle para dirimir la controversia sobre el voto de personas con problemas de movilidad.
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En su entrevista, de hecho, Burgos informa al comité investigador que se comunicó con su compañía de telefonía móvil a petición del Departamento de Justicia, la cual certificó que Ramos Sáenz nunca la llamó.
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