Junta cataloga como irresponsables acusaciones de conflicto de interés contra Carrión

Continúa el pulseo entre funcionarios del Gobierno, miembros de la Junta y legisladores por la derogación de la Ley 80

Por Metro Puerto Rico

La Junta de Control Fiscal (JCF) emitió una declaración escrita, en la que defiende a su presidente José Carrión, luego de que el legislador Ramón Luis Cruz Burgos, quien indicó que la derogación de la ley 80 crearía un mercado de pólizas de seguro en Puerto Rico en beneficio directo de la empresa que este preside.

“La propuesta derogación de la Ley 80, junto a otras medidas como la implantación del crédito contributivo por ingreso devengado y las medidas para incorporar a la fuerza laboral a beneficiarios de programas de asistencia social (“welfare-to-work”), es parte de la reforma laboral que es—junto con otras reformas estructurales—parte integral del Nuevo Plan Fiscal recertificado unánimemente por todos los miembros de la Junta de Supervisión. La Junta ha presentado públicamente voluminosa información y estudios evidenciando los beneficios económicos y de creación de empleos—sobre todo para los pequeños y medianos comerciantes—de flexibilizar la reglamentación laboral vigente en Puerto Rico para hacerlo más competitivo y traer más inversión a la Isla. La alegación de que la propuesta derogación de la Ley 80 tiene como propósito beneficiar económicamente al presidente de la Junta de Supervisión es no sólo totalmente absurda, irresponsable y libelosa, sino que demuestra, además un total desconocimiento de la industria de seguros y la naturaleza de sus productos y servicios”, dijo el ente creado por la Ley Promesa en su declaración.

Acusado de conflicto de interés

“El Presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III es también el Presidente de la Junta de Directores de la empresa HUB International CLC.  Esa empresa ofrece en el mercado de seguros pólizas conocida como “Employment Practices LiabilityInsurance” (EPLI) que protegen a patronos en casos de demandas por despidos injustificados.  Actualmente, la existencia de la Ley 80 hace innecesario que los patronos adquieran esa cubierta de seguros pues su riesgo está limitado al pago de mesada.  Sin embargo, al eliminarse la Ley 80, se abriría un mercado millonario en Puerto Rico para la venta de ese tipo de producto”, indicó hoy Cruz Burgos en una comunicación escrita.

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