Derrota Judicial para la secretaria de Educación

Juez ordena paralizar cierre de escuelas de Morovis y comparecer ante el Tribunal de Arecibo

Por Inter News Service

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, anunció que el juez Santiago Cordero Osorio, del Tribunal de Arecibo, ordenó a la secretaria de Educación, Julia Keleher, detener el cierre de escuelas en Morovis y le ordena comparecer al Tribunal el próximo lunes 11 de junio a las 9:00 de la mañana para una vista judicial.

“Hoy estamos dando un paso importantísimo en la defensa de la educación pública para los niños moroveños. A todos los padres, directores, maestros y personal escolar, les invito a asistir a esa vista el lunes en el Tribunal de Arecibo, para que juntos sigamos luchando por mantener las escuelas abiertas”, señaló la alcaldesa.

Agregó que “como les aseguré en las múltiples reuniones que tuvimos, aunque el poder está en manos del gobierno central, la razón está de nuestro lado y vamos a defender esa razón”.

Desde inicios del pasado mes de abril, Maldonado solicitó una reunión con Keleher por medio de carta recibida en su oficina el 11 de ese mes, pero nunca recibió respuesta.

“Nuestra intención de diálogo siempre ha estado ahí. Incluso utilizamos las redes sociales para hacerle saber que queríamos una reunión. Se hizo por los canales oficiales, pero ella prefirió ignorar los reclamos. El proceso de cierre de escuelas es arbitrario, desorganizado y con intenciones de engañar al pueblo. Eso no se puede permitir”, añadió Maldonado.

Las escuelas en lista para cierre en Morovis son la Carlos Alverio, Manuel A. Díaz y Segunda Unidad David Colón Vega. El pasado 24 de mayo, el municipio de Morovis se unió al municipio de Mayagüez y su alcalde, José Guillermo Rodríguez, a la demanda para ordenarle al Departamento de Educación (DE) y su secretaria, Julia Keleher, que paralice el cierre de escuelas.

En el recurso de interdicto preliminar y  daños y perjuicios que Mayagüez presentó, se especifica que la parte demandada, el DE, de forma arbitraria, ilegal y caprichosa ha propuesto cerrar escuelas sin haber cumplido con el debido proceso de ley y criterios razonables que justifiquen tal cierre, causando serios daños a las comunidades escolares.

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