La Asamblea Legislativa tiene ahora la tarea de evaluar las partidas del presupuesto para el año fiscal 2019, que fue presentado ayer por la Junta de Control Fiscal (JCF), según acordó con el Gobierno.
En el documento, el ente creado por la Ley Promesa indica que, a partir del 1.o de agosto, el Gobierno deberá someter informes mensuales de gastos reales de efectivo, informes mensuales y trimestrales sobre la nómina gubernamental, total de empleados y asistencia, entre otros.
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Junto con el presupuesto, la Junta publicó en su página web una resolución de consentimiento unánime en la que detalla la cronología de las negociaciones para el presupuesto.
El documento indica que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto “podrá autorizar el desembolso de hasta un noventa y cinco por ciento (95 %) de cada asignación dispuesta en esta Resolución Conjunta durante los primeros tres trimestres de este año fiscal. El Director de la OGP retendrá el restante cinco por ciento (5 %) de cada asignación hasta después de culminado el tercer trimestre de este año fiscal”.
Esperanzado en que Legislatura defienda partidas
El representante Rafael “Tatito” Hernández repudió el presupuesto presentado, a la vez que indicó que “ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa cumplir con lo dispuesto en la Sección 202 (d) de la Ley PROMESA, que es evaluar responsablemente el documento sometido y defender las partidas de los servicios esenciales”.
De igual forma, el legislador opinó que “a diferencia del año pasado, estos procesos se daban a oscuras. Pero gracias a la presión pública ejercida por las minorías y los diferentes sectores del país, podemos ver quiénes son los verdaderos autores de la eliminación de programas, beneficios y derechos adquiridos por los trabajadores, retirados y los más necesitados en la isla”.
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Pendiente la derogación de la Ley 80
Queda pendiente que la Asamblea Legislativa derogue la Ley 80, que ofrece protecciones a los trabajadores en caso de despido injustificado, tal y como acordó la Junta con el Gobierno. Esta fue la condición que puso la JCF para aprobar las otras partidas del presupuesto, y no dar paso a la eliminación del bono de Navidad, entre otras partidas.
